El proyecto de ley que establece una indemnización para los exiliados por razones políticas volvió a recorrer las comisiones de la Cámara de Diputados porque había perdido estado parlamentario. Y ayer obtuvo dictamen en la de Derechos Humanos, que preside el diputado kirchnerista Remo Carlotto. “Es un paso muy importante para que antes de fin de año podamos darle media sanción a este proyecto que busca dar una reparación a la deuda que el Estado tiene con quienes padecieron el exilio durante la dictadura”, afirmó el legislador al término de la reunión. Más allá del rechazo que genera la iniciativa en algunos sectores, quienes la impulsan sostienen que la erogación que supone el pago en bonos previsto en el proyecto es inferior a lo que el Estado debería abonar si prospera cada uno de los juicios en forma individual.

La propuesta plantea el otorgamiento de una indemnización para quienes “hayan estado exiliados por razones políticas” entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983. El beneficio sería la mitad del monto que recibieron quienes estuvieron detenidos durante la dictadura y alcanzaría a unas diez mil personas.

El primer proyecto en este sentido fue presentado hace ocho años y en 2004 fue aprobado por el Senado el que impulsó el senador justicialista Marcelo López Arias, con el aval del Poder Ejecutivo. En Diputados había pasado por las comisiones de Familia, Legislación General y Derechos Humanos, pero se frenó en la de Presupuesto y Hacienda y terminó perdiendo estado parlamentario. El mismo texto fue votado ayer en la Comisión de Derechos Humanos, ante la presencia de representantes de las organizaciones que nuclean a los exiliados.

“Hay pronunciamientos judiciales a nivel de la Corte Suprema que avalan lo que expresa este proyecto de ley, que es un acto de reparación ética, moral y política: el Estado democrático paga en términos económicos lo que hizo el estado terrorista”, definió Carlo- tto ante la prensa. En la comisión que preside, el ARI presentó un dictamen en minoría según el cual las indemnizaciones deberían ser establecidas por la Justicia en relación con lo que cada demandante perdió. Carlotto cuestionó esta posición al afirmar que no está de acuerdo con abordar el tema desde la “particularidad” porque considera que “el sufrimiento y el dolor provocados por la dictadura no son mensurables”. Y agregó que “aquel que sienta que no le satisfacen los términos de esta ley puede pedir otro tipo de reparación por su cuenta a través de la Justicia”. Cuando le preguntaron si el oficialismo mantiene el apoyo al proyecto, porque habría reticencia respecto del desembolso que implica, el diputado respondió que “no son volúmenes importantísimos desde lo económico, son deudas que la sociedad tiene con quienes padecieron el exilio”.