La Justicia federal ordenó una investigación para determinar si la policía cometió abusos o tuvo una reacción “desproporcionada” el 21 de abril de 2003, cuando reprimió la protesta de grupos de piqueteros contra el desalojo de la empresa Brukman, tomada por sus trabajadores. La decisión de la Cámara Federal confirma de forma parcial una resolución del juez Jorge Ballestero que había archivado la denuncia de los militantes reprimidos en esa concentración. El tribunal le dio la razón al juez en el sentido de que la policía no se excedió con los trabajadores, pero le ordenó reinvestigar los incidentes sucedidos tres días después, cuando actuó contra piqueteros y agrupaciones políticas.