Mientras el juez federal Rodolfo Canicoba Corral consideró que va a ser “complicadísimo” conseguir las capturas del ex presidente de Irán Akbar Hashemi Rafsanjani y de otros ex funcionarios para indagarlos por el atentado a la AMIA, y señaló que “es un tema de política exterior”, ese país rechazó las imputaciones del fiscal Alberto Nisman sobre su presunta responsabilidad en el ataque a la mutual judía. Por su parte, Nisman ratificó que la investigación de la unidad especial creada por el Gobierno, en lo que hace a la Triple Frontera y a la conexión local del ataque, se encuentra “más cerca del final que del principio”. El día después de la reflotada acusación contra Irán, las autoridades de la AMIA y la DAIA anticiparon que solicitarán al gobierno argentino que reclame sanciones contra ese país, como autor del atentado, ante organismos internacionales como las Naciones Unidas.

“Aspiramos a que el gobierno nacional adecue su política exterior a los considerandos de la causa; entendemos que sabrá ponderar la mejor decisión para la Argentina”, apuntó el titular de DAIA, Jorge Kirzembaun, al aclarar que no se pedirá en forma directa la ruptura de relaciones con el país islámico. En una conferencia de prensa ofrecida en forma conjunta, el titular de la AMIA, Luis Grynwald, y el de la DAIA destacaron el dictamen fiscal que ayer responsabilizó a Irán como país autor del ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos, y pidió ocho capturas internacionales. En ese extenso requerimiento, Nisman y su colega Marcelo Martínez Burgos explicaron que el ataque fue motivado por la suspensión del programa de asistencia nuclear a ese país durante el gobierno de Carlos Menem.

En sentido contrario, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) calificó como una “estafa” el pronunciamiento de Nisman, pidió su renuncia y reiteró la necesidad de que “se abran los archivos secretos”. En un duro comunicado, la entidad afirmó que “el fiscal defiende el carácter secreto de las pruebas de origen espurio aportadas por los servicios de inteligencia nacionales e internacionales (...) y parece desconocer que esta misma razón llevó a los jueces del Tribunal Oral a declarar nula buena parte de las acusaciones que el propio Nisman instruyó” en el juicio que terminó con la libertad de todos los acusados de la conexión local.

“Esta pregunta debiera ser encarrilada a quienes manejan la política exterior. A mí, como ciudadano, me da la sensación de que es un tema como mínimo complicadísimo”, aseveró el juez Canicoba Corral sobre la posibilidad de que se concreten las detenciones de los ex funcionarios iraníes. Además, el magistrado recordó que, en su momento, el destituido juez Juan José Galeano había pedido la captura internacional de “funcionarios del gobierno iraní” y que esas solicitudes “no habían prosperado en absoluto y no había habido ninguna colaboración por parte del gobierno de Irán”. En diálogo con Página/12, una alta fuente del juzgado aclaró que Canicoba tiene que verificar la serie de pruebas presentadas por Nisman antes de definir si pide las capturas solicitadas y evaluó que, aunque ahora “hay un enfoque diferente”, son escasas las posibilidades de obtener colaboración de Irán. La fuente explicó que, llegado el caso, el juzgado puede dar una orden directa a Interpol para que rija en todo el mundo. Y en caso de que se los detenga en su país o en otro, comienza un juicio de extradición, en el que deberá intervenir la diplomacia de la nación solicitante y de la requerida.

“Es esencial que los funcionarios argentinos eviten repetir errores ya cometidos en el pasado con documentos apócrifos y escuchando todas las opiniones”, dijo el portavoz de la Cancillería iraní, Mohammed Ali Hosseini. “Rechazamos las imputaciones de la Justicia argentina”, agregó Hosseini, quien dijo que “la República Islámica es víctima al mismo tiempo de muchos atentados”, según la información de Irna, citada por la agencia italiana ANSA. Fue la respuesta al anuncio de la Unidad Fiscal de Nisman y Martínez Burgos, que acreditó que la decisión de atentar contra la mutual judía se tomó casi un año antes, el 14 de agosto de 1993, en Irán, a propuesta del entonces consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani.

Respecto de la crítica por la falta de resultados en la investigación de la conexión local, Nisman declaró: “Aún nos falta el resultado del cruce de 300 millones de llamadas telefónicas que abarcan esa zona (de la Triple Frontera). Lo que probamos es que, para esa época, había células de gente vinculada y de militantes del Hezbolá”.