Las posibilidades de que el santiagueño Carlos “Pololo” Anauate asuma una banca como diputado de la Nación son casi nulas. El martes, un plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja analizará la propuesta oficialista de bloquear el ingreso al Parlamento del ex legislador procesado por el doble crimen de La Dársena, en la ciudad de La Banda, en que también están involucrados varios funcionarios del ex hombre fuerte de Santiago del Estero: Carlos Juárez.

Pololo Anauate es el primer suplente en la lista del PJ de Santiago del Estero para reemplazar al renunciante diputado Fernando Salim (con mandato hasta 2009), que ya asumió como intendente de la localidad de Frías. El jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, aseguró que Anauate “no es digno y carece de idoneidad moral” para convertirse en diputado, con los mismos argumentos que la Cámara les negó la banca a los represores Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Pa-

tti, aunque la Corte Suprema aún debe expedirse sobre el caso del tucumano mientras los abogados del ex policía bonaerense pelean por llevar su queja hasta el máximo tribunal de justicia.

El Gobierno dio señales claras de que no quiere aparecer abriéndole el camino al Parlamento a un procesado por el doble crimen de las jóvenes santiagueñas. El propio jefe de la bancada kirchnerista fue el encargado de hacerlo saber en el recinto. En un extenso y detallado discurso, Rossi volcó los argumentos en la sesión del 1º de noviembre, pero la votación quedó postergada por falta de quórum. Una semana después, el oficialismo volvió a la carga contra Anauate y por unanimidad el pedido pasó a tratarse en las comisiones de la Cámara baja. Las mismas que trataron los casos de Bussi y Patti, y que el martes aprobarían un dictamen que le negaría la banca de diputado a Pololo Anauate.

Anauate no sólo continúa procesado en la causa judicial por el doble crimen de La Dársena por los delitos “asociación ilícita y encubrimiento agravado” –que lo llevaron a la cárcel durante 14 meses–, sino que tiene también varias causas penales en su contra. Una de ellas como imputado por “robo en poblado y en banda, y daños” en el ataque a la casa del diputado nacional José Oscar Figueroa, en 2002, y otra causa con características similares durante el El Santiagueñazo en el ’93.

Otro juzgado federal investiga a Anauate por “presunta actividad de tenencia y consumo de estupefacientes” denunciado por la abogada patrocinante de la familia de Patricia Villalba, una de las víctimas en La Dársena. Otro caso es por “extorsión”, originado en denuncia formulada por policías en actividad que aseguraron recibir presiones por parte de Anauate que, “valiéndose del cargo que ostentaba, exigía a cada uno una suma de dinero que oscilaba entre 70 y 100 pesos todos los meses bajo amenaza de ser trasladado a lugares inhóspitos”, hecho que, a criterio de la magistrada que intervino en la causa, “refleja la existencia de un poder de carácter atemorizante por parte de Anauate, capaz de obligar a las personas para conseguir y lograr un desprendimiento o erogación en detrimento patrimonial de las víctimas”.

Nada hace pensar que con semejante prontuario, algún legislador asuma la defensa de Anauate. Al contrario, más de uno intentará pasarle factura al propio oficialismo, que compartió en Santiago del Estero la misma lista que llevaba a Anauate como candidato. Algo que ya insinuó el radical Mario Negri en el recinto: “Para poner una cuota de mal humor, en una de esas en la Comisión de Asuntos Constitucionales podremos saber si la banca la ganó Anauate en el programa televisivo Bailando por un sueño”.