“Es absurdo pensar que el intendente de uno de los 134 partidos de la provincia de Buenos Aires tiene tanto poder como para manipular la Justicia bonaerense, la Procuración General y la policía provincial.” Con esa afirmación, el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Jesús Cataldo Cariglino, salió al cruce de los empresarios Carlos Rombolá y Carlos La Torre, que solicitaron “asilo” ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos para “proteger sus vidas” de las “embestidas judiciales” del intendente.

Los abogados de Cariglino solicitaron la detención de los empresarios de la construcción, cuya denuncia desató una investigación judicial contra el intendente que lo llevará a juicio oral y público por casi treinta “delitos económicos en perjuicio de su comuna”. Cariglino recordó que Rombolá y La Torre “fueron procesados por adulteración y desaparición de archivos que se encontraban en una computadora cuyos registros fueron utilizados como base del peritaje contable” en la causa en su contra.

“No resulta creíble que un funcionario que plantea denuncias contra representantes de la Justicia y la seguridad sea ahora el que controla y manipula todos los poderes a su antojo”, expresó Cariglino. Luego precisó que “en la Investigación Penal Preparatoria 200.487, del Departamento Judicial de Quilmes, se encuentran imputados por irregularidades el fiscal de San Martín (que investigó a Cariglino), los denunciantes (Rombolá y La Torre) y policías bonaerenses”.

Los empresarios denunciaron ante los funcionarios de la ONU que la causa iniciada en Quilmes –y por la cual uno de ellos ya estuvo detenido– “fue armada” para “voltear” el juicio oral contra el intendente, con el “amparo de parte del poder político y judicial de la provincia”. Rombolá y La Torre aseguraron que “temen por sus vidas y las de su familia” después de “sufrir constantes amenazas y atentados”. La ONU autorizó el trámite solicitado por los empresarios “por detención arbitraria”.