Unos doscientos militantes del Frente Darío Santillán manifestaron ayer frente a los tribunales federales de Retiro para exigir a la Justicia que agilice la investigación sobre los responsables políticos de la llamada Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. “La Justicia federal tiene esta causa desde julio de 2002 y en más de cuatro años no ha avanzado nada. Venimos a recordarles a los jueces y fiscales que estamos esperando y exigimos la aceleración de las investigaciones”, dijo Alberto Santillán, padre de Darío.

Durante la manifestación, que cortó el tránsito en Comodoro Py al 2000, Carlos Leiva, Carlos Romeo, Marcial Bareiro y Sebastián Conti –heridos durante aquella represión– se presentaron como querellantes ante el fiscal federal Miguel Osorio.

Kosteki y Santillán fueron baleados durante la represión de las fuerzas de seguridad el 26 de junio de 2002 en las inmediaciones de la estación Avellaneda. En el juicio oral y público fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario inspector de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti, aquel día a cargo del operativo de seguridad durante la manifestación piquetera, y su subordinado, el cabo Alejandro Acosta.

Pero los familiares de las víctimas iniciaron otra querella en el fuero federal para determinar las responsabilidades políticas de los entonces gobernantes nacionales y bonaerenses. Alberto Santillán, junto a Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, es querellante en la causa llevada adelante por Osorio, que ha requerido distintas pericias para establecer qué rol tuvieron en el hecho la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Ministerio del Interior. El expediente se originó en una presentación radicada por Mabel Ruiz –ya fallecida, madre de Maximiliano– y Vanina Kosteki contra el ex presidente Eduardo Duhalde; sus ministros Juan José Alvarez y Alberto Atanasoff; el gobernador y vice Carlos Ruckauf y Felipe Solá, y el titular de la SIDE, Carlos Soria, y su segundo, Oscar Rodríguez.