El mismo día en el que la mayoría de los argentinos recordó la rebelión que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa al compás del grito que “se vayan todos”, el Senado convirtió en ley la iniciativa que aumenta el 50 por ciento el presupuesto de las campañas electorales. La norma unifica las cuentas bancarias de cada partido político y prohíbe la contratación de terceros, sin su consentimiento. Fue el rionegrino Miguel Angel Pichetto quien, en nombre del oficialismo, defendió el proyecto. Señaló que la vieja ley había generado algunas distorsiones que la nueva venía a reparar. El socialista Rubén Giustiniani y el cordobés Carlos Rossi, del Partido Nuevo de Luis Juez, fueron los únicos que votaron en contra.

Luego de recordar que su partido fue el único que cumplió con las disposiciones de la norma que ahora quedó en desuso, el radical Ernesto Sanz adelantó el acompañamiento de su partido a la propuesta oficialista. No hubo mayor debate en una sesión en la que se acumulaban proyectos sin mayores conflictos y en la que los temas importantes habían sido retirados de la agenda parlamentaria sin mayores explicaciones. Tal el caso de la iniciativa de Juicio por Jurados.

Pichetto habló de “los problemas de la vieja ley”, nadie dijo más, pero en los pasillos del Senado todos recordaron la saga de argumentaciones que el oficialismo tuvo que entregar para explicar los fondos con los que enfrentó la campaña que terminó con Néstor Kirchner en la Rosada. También resonaron los cuestionamientos que la nueva norma había tenido en la Cámara baja la semana pasada. Allí el arista Carlos Raimundi había puntualizado que “las empresas financian al partido de gobierno a cambio de favores. Estas no son sospechas sino datos concretos. Es información, no opinión política”, dijo antes de exhibir un extenso listado en el que figuraban 28 aportantes a la campaña de Cristina Fernández para senadora por Buenos Aires en el 2005. Suma que llegaba a los 265 mil pesos. Luego de denunciar que en esa ocasión incluso hubo aportes del grupo estatal Bapro a favor del kirchnerismo, el ARI había subrayado que esos aportantes “eran contratistas del Estado” que fueron beneficiados con licitaciones y contratos oficiales.

La iniciativa no sufrió ninguna modificación. Fue aprobada tal como llegó de la Cámara baja. También se incluyó la única modificación que en su momento el oficialismo había aceptado incluir: reducir el piso de votos necesarios para acceder el financiamiento estatal. A propuesta de la oposición, el proyecto lleva el porcentaje del 2 por ciento al uno por ciento. Igualmente la última palabra la tiene el Gobierno con la lapicera de Néstor Kirchner y con el poder de veto y reglamentación.