En un trámite express, el Senado entregó su acuerdo para el ascenso de 187 militares. Dos pliegos se destacaban en el numeroso listado. El del general Jorge Tereso y el del capitán de navío Carlos Anzoátegui. Sobre ellos, el Centro de Estudios Legales y Sociales había puntualizado distintas observaciones. En diciembre del 2003, siendo secretario general del Ejército, Tereso le había solicitado al juez federal Jorge Ballestero que les diera permiso a seis represores para pasar las fiestas de fin de año en su casa. Por ese motivo había sido sancionado por el entonces ministro de Defensa, el hoy senador José Pampuro. Sobre Anzoátegui existía una denuncia en la Conadep que lo vinculaba con la muerte de un soldado conscripto en 1977. El oficialismo se preocupó en destacar que ninguno de los pliegos había sido objetado por la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Eduardo Luis Duhalde.

El proyecto con los ascensos había ingresado al Senado a última hora del viernes pasado. Los pliegos, con los legajos de cada uno de los 187 militares, pudieron ser consultados recién el lunes. Ese mismo día, el CELS recibió una copia del listado de pliegos. Consultada por este diario, Valeria Barbuto, del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirmó que “desde hace más de 13 años se nos consulta. Le aclaro que no tenemos poder de veto. Nos limitamos a dar la información que tenemos en nuestro poder. Es el Senado el que tiene que investigar y hacer pública la información en los casos cuestionados”. A diferencia del CELS, la Secretaría de Derechos Humanos tuvo acceso a los legajos de cada uno de los militares.

El legajo Conadep 4412 vinculaba a Anzoátegui con la muerte del soldado conscripto Carlos Juárez en 1977. En marzo de ese año, el marino revistaba en Mar del Plata con el grado de teniente de corbeta. Le tocó trasladar hasta Concordia el cuerpo del soldado Juárez y entregárselo a sus familiares luego de explicarles que se había suicidado. Cuando en el 2000, en ocasión de otro ascenso anterior, testimonió ante la Comisión de Acuerdos del Senado, informó que le recomendó al padre del conscripto que lo velara a cajón cerrado por el estado del cadáver. Luego del retorno democrático, la familia de Juárez reclamó que se investigara el hecho. La Justicia Militar de Puerto Belgrano concluyó en 1985 que el cuerpo enterrado en Concordia coincidía con la identidad del conscripto y que “la causa carece de connotaciones subversivas”. La Cámara Federal de la Plata coincide con el informe de la Justicia Militar y devuelve las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En 1988, la Armada declara la prescripción de la causa.

En el año 2004, Anzoátegui fue propuesto como agregado naval en la embajada argentina en Bolivia. En aquella ocasión, la Secretaría de Derechos Humanos señaló que “en el fallecimiento del marinero Juárez no ha habido la presunción de la comisión de delito alguno”. También afirmó que Anzoátegui era ajeno al hecho y que por lo tanto correspondía dejar sin efecto la observación de la Conadep.

Todos estos antecedentes fueron detallados minuciosamente en el dictamen que, entre otros, rubrica el titular de la Comisión de Acuerdos, el chubutense Marcelo Guinle. El apuro del oficialismo llevó a que, luego de iniciada la sesión, hubiera un cuarto intermedio en las bancas para que la comisión sesionara y emitiera el dictamen que luego fue puesto a consideración. El socialista Rubén Giustiniani criticó el apuro y se abstuvo de votar los pliegos. El radical Alfredo Martínez coincidió con la crítica, pero acompañó con su voto al oficialismo.

El bloque mayoritario también se preocupó de presentar un minucioso dictamen en el caso de Tereso. En diciembre del 2003, Tereso le solicitó permiso al juez Ballestero para que los represores Pascual Guerrieri, Antonio Simón, José Pereiro, Carlos Fontana, Jorge Granada y Julián Marina pasaran en familia las fiestas navideñas. En su nota, Tereso destacaba que, el año anterior, el juez federal Claudio Bonadío había otorgado un permiso como el que ahora reclamaba. En esa ocasión se destacó que Tereso había cumplido con un trámite que en verdad impulsaba el jefe de la fuerza, el teniente general Roberto Bendini. Algo que quedó en claro en el informe que Pampuro entregó por escrito a la Comisión de Acuerdos. En el debate, Guinle aclaró que del informe de Pampuro quedaba en claro que “Tereso no había actuado por iniciativa personal sino en el marco del vínculo jerárquico”. Es decir que lo hacía en nombre de Bendini, a la sazón su superior y titular del Ejército. En palabras de un destacado senador del oficialismo a este diario: “Tereso se estaba comiendo un garrón”. En ese momento el entonces secretario del Ejército recibió una sanción disciplinaria. Pasó el tiempo, Tereso cumplió con los códigos de la fuerza y ahora ascendió al penúltimo escalón de la pirámide: general de división. El último escalón sería el de teniente general. Pero ésa es otra historia.