El juez federal Norberto Oyarbide estableció que los crímenes cometidos por la Triple A antes del golpe de Estado de 1976 deben ser considerados delitos de lesa humanidad, tal como anticipó Página/12. En la misma resolución ratificó el pedido de “detención y extradición” contra Rodolfo Eduardo Almirón, un ex jefe de esa organización terrorista de ultraderecha que fue descubierto en España por periodistas de un diario de ese país. Es la primera vez que la Justicia argentina establece que los ataques, secuestros y asesinatos que se sucedieron durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón son delitos que no prescriben y deben seguir bajo investigación. “Fueron la antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrolló” durante la última dictadura militar, afirmó el magistrado.

“La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y fue montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación”, dice la decisión de Oyarbide, a la que accedió este diario. También establece que desplegó “una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos, justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder”, añade.

El expediente judicial sobre los asesinatos de la Triple A se originó en 1975, pero casi nadie recordaba que existía hasta diez días atrás, cuando el diario español El Mundo reveló que Almirón, quien había sido guardaespaldas de Isabelita y José López Rega, vivía lo más tranquilo en la localidad de Torrente, a diez kilómetros de Valencia. El ex subcomisario, de 70 años, llegó a España aquel mismo año que se inició la investigación. El y su suegro, otro jefe de la custodia, Juan Ramón Morales, llegaron allí en comisión, de la mano de El Brujo, a esa altura radiado del poder.

En los tribunales porteños el único que advirtió hace un año que la causa estaba olvidada en una estantería fue el fiscal Eduardo Taiano, quien entonces hizo un pedido de reapertura y pidió que los homicidios de la Triple A fueran encuadrados como delitos de lesa humanidad, lo que obligaba a proseguir con la pesquisa. El juzgado reabrió el caso en febrero, pero recién ahora la puso realmente en marcha. La semana pasada el juez Julián Ercolini –quien subrogaba a Oyarbide, que tenía unos días de licencia– envió una notificación a Interpol para informar que existe un pedido de captura pendiente contra Almirón desde 1984 por asociación ilícita en concurso real con homicidio. También pedía cotejar que sea, en efecto, el hombre descubierto por los periodistas.

Con el hallazgo del represor, el Movimiento Argentinos en el Exterior reclamó el jueves último su detención al juez español Baltasar Garzón pero, teniendo en cuenta que el magistrado ha sido remiso a avanzar sobre hechos previos al golpe del ’76, alentó también su extradición a la Argentina. El organismo dejó en los tribunales españoles un dossier con pruebas contra Almirón.

El mismo material fue entregado ayer a Oyarbide por unos veinte representantes de organismos de derechos humanos. Quedaron impactados porque el juez los recibió a todos juntos. Durante el encuentro le pidieron que impulsara la captura internacional para juzgar al ex policía en Argentina y que los aceptara como querellantes (ver recuadro). A las pocas horas recibieron la noticia del pronunciamiento de Oyarbide, que permitirá juzgar los crímenes impunes de la organización que lideró López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social.

La resolución de Oyarbide, en la que trabajó también su secretario Jorge García Davini, repasa los inicios de la causa y subraya dos testimonios que permitieron reconstruir, en los años ochenta, la composición y el accionar de la Triple A. Uno fue el relato de un ex teniente del Ejército Salvador Horacio Paino, que había sido jefe de prensa y Relaciones Públicas de Bienestar Social. Contó que López Rega lo convocó en una oportunidad para hacerle saber que debía “organizar al personal para montar un dispositivo de seguridad eficaz” que debía distribuirse “en células” que no tuvieran contacto entre sí. También detalló la reunión donde surgió el nombre de la Alianza Anticomunista Argentina”. Paino estuvo preso por delitos comunes. Otro testimonio citado, pero de 1983, es el de Rodolfo Peregrino Fernández, un ex funcionario de Albano Harguindeguy que declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid y sumó precisiones sobre las “Tres A”.

Almirón, dice Oyarbide, fue señalado por aquellos y otros testimonios como “jefe operativo” de la organización terrorista y “se han recabado numerosos elementos probatorios que acreditan en principio la existencia de esta asociación ilícita” y que el ex subcomisario” se encontraba “entre sus miembros”, “así como la existencia de los delitos por ella cometidos y la intervención que en ellos le cupo al nombrado, sea de forma material e inmediata, sea como organizador o instigador de tales crímenes”.

En un tramo de las 12 páginas que firmó ayer, el juez recuerda que la Triple A debutó el 21 de noviembre de 1973 con un atentado a Hipólito Solari Yrigoyen, que en ese momento era senador nacional por la UCR. El entonces legislador, fundador del Movimiento Renovación y Cambio, había recibido una carta amenazante con la sigla “AAA”. Cuando intentó poner en marcha el motor de su Renault 6 estalló una bomba que le destrozó los pies. Tiempo después tuvo un segundo ataque, al que también sobrevivió, en su casa de Puerto Madryn.

“La Triple A fue una organización criminal gestada desde el propio Estado”, sentenció Oyarbide. Especificó, además, que “son objeto de investigación” los asesinatos de: el diputado Rodolfo Ortega Peña, que compartía estudio de abogados con el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el abogado de presos políticos Alfredo Curutchet; el ex subcomisario de la policía bonaerense Julio Troxler; el profesor de sociología Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y su yerno Luis Mendiburu; también el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham. Todos estos crímenes, cometidos en 1974, fueron reivindicados por la organización que lideraba López Rega.

Al pedir el desarchivo, el fiscal Taiano señaló otros secuestros y desapariciones ligados a la Triple A, como los de Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif, así como el ataque sufrido por el ex rector de la UBA Raúl Laguzzi y su esposa, en el que murió su bebé de cuatro meses. La realidad es que son sólo un puñado de los cerca de 1500 crímenes que se estima que ejecutó la estructura parapolicial al mando de el Brujo, entre ellos el del sacerdote Carlos Mugica.

En el expediente también se destacan pruebas de “una reunión de gabinete que habría tenido lugar el 8 de agosto de 1974 en la residencia oficial de Olivos, presidida por María Estela Martínez de Perón, en la que, previa proyección de diapositivas con la imagen de quienes serían asesinados por supuestas responsabilidades en actividades subversivas, se habría determinado la eliminación de Julio Troxler”. Esto indica que el magistrado podría terminar citando a declarar a la propia Isabelita.

En la historia de esta causa el propio López Rega –que desde Bienestar Social dirigía, financiaba y proveía armamento a la Triple A– llegó a estar procesado. Pero recién en 1986 se logró su extradición desde Estados Unidos. El entonces fiscal Aníbal Ibarra pidió para él la pena de prisión perpetua, pero murió antes de recibir una condena. La fiscalía de Taiano, según pudo saber este diario, analiza ahora qué otros represores y ex funcionarios podrían ser imputados. Otro hombre clave de la Triple A, que también estuvo en España con López Rega, Miguel Angel Rovira, fue escrachado en 2001 por HIJOS cuando trabajaba como jefe de Seguridad de Metrovías.