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“El juicio político que se le lleva a la Corte debe resolverse cuanto antes”, afirmó ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez, al término de una reunión con los miembros del máximo Tribunal. La frase de Alvarez habla a las claras de que el Gobierno quiere finiquitar ese tema de una vez por todas y el modo en que quiere hacerlo ya no es un secreto, es por medio del rechazo del pleno de la Cámara de Diputados al dictamen de acusación redactado por la Comisión de Juicio Político de ese cuerpo. Ese dato no pasó inadvertido entre los jueces de la Corte, quienes recibieron de buena gana al representante del Ejecutivo, pero aprovecharon la oportunidad para manifestarle en persona su preocupación por la indefinición del proceso de enjuiciamiento en su contra.
“La intención es establecer un diálogo franco y oficial, que no esté sujeto a interpretaciones capciosas sobre una suerte de toma y daca para dejar sin efecto el juicio político a cambio de un fallo favorable al Gobierno”, habían adelantado desde el Ministerio de Justicia antes de que Alvarez mantuviera su primera reunión protocolar con la Corte desde que se hizo cargo del área de Justicia. “Eso quedó claro durante el encuentro”, aseguraron una vez que Alvarez abandonó el Palacio de Tribunales.
Los movimientos de la Corte, sin embargo, dejan otra impresión del tema. Horas antes de recibir a Alvarez el Tribunal falló en contra de la apertura del corralito en San Luis. No sólo se trata de una decisión que apunta a frenar el drenaje de fondos del sistema bancario –y por ende que beneficia al Gobierno–, sino también de la primera resolución que la Corte toma al respecto en lo va del año después de meses de no intervenir en la cuestión. Por si ese gesto de bienvenida fuese poco, los ministros postergaron también para después de la feria judicial el pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no del recorte del 13 por ciento a estatales y jubilados.
Al salir de Tribunales, Alvarez hizo otro gesto en favor de la distención de la relación con la cabeza del Poder Judicial. “El juicio político que se le lleva a la Corte debe resolverse cuánto antes”, enfatizó y para sustentar esa afirmación agregó que “el cuestionamiento permanente de uno de los poderes del Estado es nocivo para todos”. Además afirmó que la gestión de Eduardo Duhalde “respeta absolutamente la independencia de los poderes” y que desde el Ejecutivo “no se va a abonar el descontento” contra las instituciones.
Alvarez no se pronunció en cuanto a si debe acusarse a los jueces de la Corte o desactivar el juicio en su contra, aunque tampoco hacía falta que lo hiciera para saber cuál es la posición al respecto de un Gobierno cada vez más necesitado de una resolución judicial que ponga freno definitivo a la fuga de dinero del “corralito”: sabido es que en lo poco que duhaldistas y menemistas coinciden por estos días es en la necesidad de dejar sin efecto el enjuiciamiento a los ministros del máximo Tribunal. Si el PJ no ha logrado todavía su cometido, es porque el radicalismo mantiene su decisión de no dar quórum para rechazar en el recinto el dictamen de acusación elaborado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
Los ministros de la Corte tampoco desconocen ese dato y por esa razón no dejaron ir a Alvarez sin antes decirle que estaban “preocupados” por la indefinición al respecto. Todo lo demás fue como corresponde a una reunión protocolar: trato cordial, charla sobre generalidades y una asistencia casi perfecta. De la reunión participaron Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Gustavo Bossert, Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Augusto Belluscio. El único ausente fue Carlos Fayt, aunque después se preocupó de transmitirle a Alvarez sus “disculpas”.