No sólo la Justicia mendocina tiene entre ceja y ceja a la última esposa de Juan Domingo Perón, en Tucumán también evalúan citarla a declarar por una causa en la que se investiga el funcionamiento de dos centros clandestinos de detención antes de 1976. “Desde hace tiempo existen dos causas vinculadas a la ex jefa de Estado por centros conocidos como ‘La Escuelita’ de Famaillá y el ex ingenio Nueva Baviera”, aseguraron ayer fuentes de la fiscalía federal que encabeza Emilio Ferrer.

Según consta en el Nunca Más, a Tucumán le cabe el “siniestro privilegio” de haber inaugurado el primer centro clandestino de detención de la Argentina. La Escuelita era entonces una pequeña escuela rural llamada “Diego de Rojas”, que tenía capacidad para 30 o 40 prisioneros. Luego, ante el creciente accionar represivo en esa provincia, el Comando del área rural se desplazaría hasta el “Ingenio Nueva Baviera”, que llegó a ser el mayor asentamiento clandestino en dicha área. Allí operaban efectivos provenientes de todo el país, había un helipuerto y gran cantidad de material rodante para el transporte de tropas en pos de aniquilar al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Lo que la Justicia federal de Tucumán investiga es la puesta en marcha de ambos centros ilegales, que funcionaban en la provincia en 1975, es decir, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Ese año, por un decreto firmado por María Estela Martínez de Perón, se puso en marcha el denominado Operativo Independencia, que en Famaillá estuvo a cargo del entonces general Acdel Vilas. “Si, finalmente, llega a concretarse la extradición de Martínez de Perón a la Argentina desde España, nosotros requeriríamos que la citaran a prestar declaración indagatoria”, precisaron fuentes de la fiscalía.

Actualmente, en Tucumán hay unas 500 causas judiciales en marcha, en casi una decena de las cuales están ya procesados, con órdenes de prisión preventiva y millonarios embargos, los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez.