Al igual que Julio César Strassera, que tildó de “mamarracho” la imputación contra Isabel Perón, ayer un ex integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares, Ricardo Gil Lavedra, consideró que “no tiene asidero” la vinculación entre la desaparición de un joven mendocino y los dos decretos del gobierno de María Estela Martínez de Perón. “Hubo muchas desapariciones anteriores al golpe y es probable que el aparato montado por los militares haya empezado poco antes, pero de allí a pensar que esto estaba respondiendo a órdenes de Isabelita es una cuestión patética. Ella no podía dar órdenes, el gobierno se caía”, afirmó Gil Lavedra. El ex ministro de Justicia recordó que la responsabilidad de ese gobierno en la represión que se desató luego fue un argumento esgrimido por los militares juzgados durante el Juicio a las Juntas. “Pero es ridículo pensar que cumplieron órdenes del gobierno constitucional que derrocaron”, remarcó, al tiempo que criticó se designe como “delito de lesa humanidad” a los crímenes de la Triple A que “estaba compuesta por funcionarios, tenía apoyo oficial, pero no estaba el Estado organizado en función de esto”.