Lo había exigido su hija, la ex diputada Patricia Walsh, en septiembre pasado. Hoy, el fiscal Eduardo Taiano dará respuesta a su reclamo y pedirá que se eleve a juicio oral y público la causa que investiga el asesinato de Rodolfo Walsh. En julio del año pasado, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de diez represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, por el asesinato del periodista y escritor. El grupo que lo capturó estaba integrado por personal de la Armada, Prefectura, Ejército, Servicio Penitenciario y Policía Federal.

“Hace 29 años parecía que se lo había tragado la tierra. Ahora sé lo que hizo cada uno de los acusados de su asesinato y desaparición porque la lucha colectiva empieza a dar sus frutos”, le había comentado a Página/12 su hija un mes después de que el juez Sergio Torres, en el marco de la megacausa ESMA, resolviera dar por terminada la investigación de doce secuestros (entre éstos el de Walsh, las monjas francesas y las Madres de Plaza de Mayo) y expresara su intención de comenzar a juzgar a los asesinos. Por el crimen del escritor también se encuentran procesados los represores Jorge Radice, Pablo García Velasco, Carlos Generoso, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Héctor Febres, Julio Coronel y Ernesto Weber.

El autor de la “Carta abierta a las Juntas Militares” había sido interceptado por sus perseguidores la tarde del 25 de marzo de 1977, cerca de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en la Capital Federal. Los represores quería llevarlo a la ESMA para torturarlo pero el escritor se resistió. “Lo bajamos a Walsh. El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía el hijo de puta”, fue el relato que escuchó el sobreviviente Ricardo Coquet de boca de Weber, uno de los imputados. Su cuerpo nunca apareció, aunque su hija sospecha que puede estar enterrado en el campo de deportes de la ESMA.

Pocas horas después del asesinato, la patota que lo tiroteó fue hasta la casa del escritor en San Vicente para saquearla. El dato sirvió para que los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, en un fallo de 65 carillas que confirmó los procesamientos, echaran por tierra el argumento de la defensa, que se escudaba en los supuestos “reglamentos militares” que cumplían los acusados. “Esa decisión fue libre y voluntaria, motivada sólo por su convicción personal”, destacaron los camaristas respecto del saqueo, para quienes era “evidente que los imputados aceptaron su papel en el contexto general de la lucha contra la subversión”.