En su edición de ayer, Página/12 reveló el texto de una vieja ley casi olvidada, impulsada por el gobierno de Raul Alfonsín en 1984 como una amnistía especial para Isabel Perón. La norma estableció que los jueces “carecen” de legitimidad para investigar a la ex presidenta por los delitos previos al golpe de Estado de 1976. Esa ley que aún sigue vigente puede ser usada ahora por sus abogados defensores para impedir la extradición a la Argentina en el marco de la reapertura de las dos causas que pesan en su contra. Página/12 consultó ayer a querellantes, testigos y allegados al expediente para preguntarles por la ley. Ellos aseguran estar convencidos de la necesidad de pedir a la justicia la “nulidad”, pero creen que la causa no se frenará: la declaración de los crímenes como delitos de lesa humanidad lo impedirían. El juzgado de Norberto Oyarbide y la fiscalía de Jorge Taiano reconocieron estar “sorprendidos” por la revelación y adelantaron que analizarán el texto de la ley.

El Congreso sancionó la ley 23.062 el 23 de mayo de 1984. La norma establecía que la ex presidenta no podría ser juzgada por ningún delito que hubiera cometido antes del golpe militar porque no había sido desaforada ni sometida a juicio político, como prevé la Constitución, sino destituida por “un acto de rebelión”. Autodenominada como un “instrumento de reparación histórica”, la ley fue el resultado de un proyecto “negociado” entre los jefes de los bloques radical y justicialista de la Cámara de Diputados, César Jaroslavsky, Diego Ibáñez y José Luis Manzano. Según la investigación de Página/12, se trataba de una amnistía especial para la ex presidenta, a cambio de la cual ella se comprometía a regresar a la Argentina para desautorizar a la agresiva conducción partidaria que ejercía Lorenzo Miguel en el justicialismo.

“La ley en realidad no está dando cuenta de una especie de pacto, no: es el pacto mismo”, reflexionó ayer una fuente con estrechísima relación con la causa de la Triple A, aquella en manos del juez federal porteño Norberto Oyarbide que tiene a Isabel Perón como su principal sospechada.

Según aquella ley promulgada el 13 de junio de 1984, la “amnistía” de Isabel es pública y todavía está vigente, aunque pocos hasta ayer la recordaban. En lo inmediato, sus abogados podrían invocarla para frenar las causas abiertas en la Argentina, aunque a largo plazo nadie sabe si le alcanzará.

Norberto Oyarbide es uno de los jueces argentinos que sigue la instrucción de una de las dos causas reimpulsadas en los últimos meses sobre Isabel Perón. Para los próximos días, su juzgado espera de forma “inminente” una pronunciación de la Cámara Federal porteña que debe confirmar o rechazar la resolución de “imprescriptibilidad” de los crímenes de la Triple A. La resolución la firmó Oyarbide y fue fundamental para la reapertura de la causa. Si la Cámara confirma ahora la resolución del juez, también la ley de la amnistía especial podría perder fuerzas bajo ese impulso. A criterio de las fuentes consultadas, la resolución de Oyarbide es más importante jurídicamente porque está avalada por tratados internacionales refrendados por el Congreso.

El juez puede anular o derogar además formalmente la ley 23.062 como sucedió en el caso de las leyes de obediencia debida y de punto final para seguir adelante con el proceso.

Liliana Mazea, de la Liga de los Derechos del Hombre, es una de las abogadas que impulsa la causa. La noticia de la existencia de la ley la sorprendió tanto como a los que tienen en manos el expediente. Ayer, ante una consulta de este diario, analizó cuáles serán sus próximos pasos. “Nosotros vamos a seguir adelante lo mismo –explicó–, este arreglo político no puede tener mella en la investigación”. La Liga, agregó, “se presentó en la causa “López Rega sobre asociación ilícita” en la que están procesados (los ex policías de la Federal Miguel Angel) Rovira, (Juan Ramón) Morales y (Rodolfo) Almirón, y falta encontrar a cientos de agentes de policías y civiles. Esto es muy amplio, una ley así no nos puede impedir seguir adelante porque la investigación es mucho más que Isabelita”.

El Partido Comunista se presentó en la causa de la Triple A por 19 casos de asesinatos y asaltos a locales con atropellos, torturas y muertes de militantes. Oyarbide habilitó a Patricio Echegaray como querellante en representación del partido. Ayer, Echegaray leyó el informe de Página/12 sorprendido, convencido de que no había visto el antecedente de la ley en el expediente. “La causa tiene que proseguir igual –dijo–, porque ahora están en cuestión las responsabilidades de la primera plana del Ejecutivo: acá hasta López Rega siempre se llega sin problemas después es evidente que había responsabilidades de la figura del Ejecutivo que era Isabel Martínez de Perón.” El propio Echegaray cree que la ley no puede frenar la causa. “En todo caso, esta ley apunta a impedir que pueda ser imputada, pero es una ley de conveniencia que no abarca de ninguna manera en mi opinión si se la considera incursa en crímenes de lesa humanidad.”