“El embudo nacional”, “El tapón”, “Cuello de botella”. Son varios los apodos que circulan en los tribunales porteños de Comodoro Py referidos a la Cámara Nacional de Casación Penal. Todos se vinculan con la forma de trabajar de este tribunal en las causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Los abogados de los familiares de desaparecidos creen que existe una actitud reticente que en la práctica tiene consecuencias muy concretas: retardos en los juicios. La Cámara de Casación tiene más de cien recursos que resolver en expedientes sobre el terrorismo de Estado. Pero no llegaron todos juntos. Algunos de ellos están hace más de tres años. “La Cámara de Casación ha utilizado tecnicismos innecesarios y se extiende en el tiempo para resolver cada incidencia. Este formalismo exacerbado esconde fundamentalmente la decisión de demorar las resoluciones”, describe Carolina Varsky, directora del Programa de Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS. “Están estudiando la forma de concretar un pacto en el que los imputados sean alcanzados en la menor medida posible por la Justicia”, agrega Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

En este momento hay 256 militares, policías o civiles presos (70 con detención domiciliaria), acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Pero hay sólo cinco personas cumpliendo condena por esos hechos. Dos de ellos son el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Simón, alias “El Turco Julián”, cuyos juicios orales se llevaron a cabo el año pasado. A ellos se suman el ex médico de la Escuela de Mecánica de la Armada Jorge Luis Magnacco y Francisco Gómez y Teodora Jofré, los apropiadores de Rodolfo Pérez, el nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit.

En la ciudad de Buenos Aires hay siete expedientes que están en manos de los tribunales orales correspondientes a la espera de que se fije fecha para el comienzo de las audiencias. En La Plata, en diez días estará en la misma condición el caso contra el cura Christian Federico Von Wernich. Pero es difícil que en todos ellos haya condenas antes de fin de año. Además de los pasos burocráticos ordinarios, la mayoría de las causas que ya están maduras tiene que atravesar un obstáculo adicional: la Cámara Nacional de Casación Penal. Por ejemplo, en el expediente por la Masacre de Fátima –el asesinato de 30 personas en Pilar en agosto de 1976– ese tribunal debe expedirse sobre el procesamiento de uno de los acusados. La apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán espera por la confirmación o el rechazo de un nuevo análisis de ADN pedido por uno de los acusados.

Pero no sólo los casos que están listos para ir a juicio esperan en Casación, que es el segundo tribunal en importancia del país después de la Corte Suprema. Entre las cuatro salas de esa Cámara se acumulan más de cien recursos sin resolver. La cifra es parcial y surge de un relevamiento de la Procuración General de la Nación. Ni en el mismo tribunal saben la cantidad exacta de papeles que llenan sus oficinas. Muchos son presentaciones de las defensas que impugnan los procesamientos o que reclaman que los represores sean liberados porque han estado presos mucho tiempo sin que se llegue a una condena. Pero también hay cuestionamientos a la ley que anuló las leyes de punto final y obediencia debida, que ya fue ratificada por la Corte Suprema. Además, tiene presentaciones de distintos lugares del país. Desde hace seis meses no se resuelve la recusación presentada contra el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, a cargo de la investigación sobre el ex juez Víctor Hermes Brusa y otros represores. Y hay demoras en casos de Chaco, Entre Ríos y Córdoba.

En 2005, la Corte Suprema amplió la competencia de la Casación y los integrantes del tribunal se quejaron y anunciaron que estaban “desbordados”. Pero los abogados que representan a los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas coinciden en que la tardanza en los casos sobre desaparecidos y torturas no es casual.

“Gran parte de la demora de la Justicia penal federal es estructural, tiene que ver con un procedimiento antiguo e inquisitivo que nunca sirvió. Algún sector mayoritario de la Cámara de Casación aprovecha estas debilidades para evitar el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos, seguramente por la extracción ideológica y social de sus miembros, tanto jueces como funcionarios. Resulta urgente una reforma al sistema de enjuiciamiento penal federal que, a través de la oralidad en la etapa preliminar, permita una drástica agilización de los procesos”, señaló Luciano Hazan, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que esperó durante 13 meses la resolución en Casación de un incidente por la apropiación de Juan Cabanidié.

“Es uno de los problemas graves para los avances de las causas. Parecen el ‘Camarón’, dice Pablo Llonto –representante de familiares de desaparecidos en centros clandestinos de Campo de Mayo y Automotores Orletti, entre otros– estableciendo una comparación con la Cámara federal en lo Penal creada durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse con el objeto de “juzgar la actividad subversiva” y cuyos integrantes estaban consustanciados con las ideas de las Fuerzas Armadas y de seguridad. “El expediente sobre Campo de Mayo, en el que se discutía el indulto a Santiago Omar Riveros, lo tuvieron durante más de dos años. Como el tema no está resuelto, Riveros lo plantea cuando lo citan a declarar y no lo pueden indagar. Finalmente se va a morir y es uno de los escasos acusados que se hace cargo de lo que hizo”, agrega Llonto.

Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), acuerda con el diagnóstico sobre la Cámara de Casación. “Ha utilizado tecnicismos innecesarios y se extiende en el tiempo para resolver cada incidencia. Este formalismo exacerbado esconde fundamentalmente la decisión de demorar las resoluciones. El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema deberían ejercer sus funciones disciplinarias y de superintendencia con el fin de monitorear el cumplimiento de las obligaciones de los jueces intervinientes en estos casos. La Procuración General de la Nación debería hacer lo propio respecto al trabajo de los fiscales”, explica la abogada.

“Los sectores que trabajaron por la impunidad hoy están tratando de obstaculizar el avance de las causas contra los genocidas, esperando reconstruir esa impunidad. A ese empeño se ha sumado la Cámara de Casación, que está estudiando el modo de concertar un pacto en el que los imputados sean alcanzados en la menor medida posible por la actuación de la Justicia”, afirma Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Este abogado señala que existe una doble estrategia del tribunal: demorar las causas y a la vez conceder las excarcelaciones de los acusados porque como consecuencia de esa demora están mucho tiempo sin condena. “No criticamos el criterio que favorece las garantías de los imputados, pero es llamativo el hecho de que existió un cambio de criterio en Casación, que antes se negaba a estudiar planteos de libertades y ahora se las conceden a todos. Esto cambió desde 2004 para beneficiar a los militares”, dice Yanzón, que también reclama la intervención del Consejo de la Magistratura y “una reforma legal para eliminar esa Cámara y que no existan privilegios para nadie”.

Oficiales y generales

El Consejo de la Magistratura intervino débilmente a raíz de las denuncias por la conducta de la Cámara de Casación en las causas sobre la última dictadura. El ex consejero Beinusz Szmuckler pidió el año pasado que el organismo ordenara una auditoría del tribunal. Pero la medida no se llevó a cabo. Se opuso el representante del Poder Ejecutivo en ese entonces, Joaquín Da Rocha, quien propuso que fuera la Procuración General de la Nación quien recolectara la información. Recientemente la consejera Diana Conti solicitó una actualización de ese trabajo. La tarea la está llevando a cabo la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Allí deben arreglarse con los datos que le envían los fiscales de Casación: Raúl Plee, Ricardo Weschler, Pedro Narvaiz y Juan Martín Romero Victorica. Este último no pudo llegar a juez de ese tribunal a pesar de la insistencia de Carlos Menem. De hecho fue la presión del ex presidente para nombrarlo a él, a Ana María Capolupo de Durañona y Vedia –la mujer de un ex diputado de la UCeDé que confesó que no sabía nada de derecho penal, la especialidad de Casación– y Eduardo Riggi lo que llevó a Carlos Arslanian a renunciar en su momento al Ministerio de Justicia luego de haber propiciado la reforma que creó la Cámara de Casación. El actual Ministro de Seguridad bonaerense dejó para la historia el calificativo de “esperpento” dedicado a ese tribunal.

Finalmente, Romero Victorica se convirtió en fiscal de Casación y ese mismo día se fundió en un abrazo con el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. El y sus compañeros son quienes deben impulsar las acusaciones contra los militares. En mayo del año pasado el procurador Esteban Righi les advirtió que debían acelerar su trabajo en los expedientes sobre el terrorismo de Estado. “Es preciso recordar que las causas en las que se imputan violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno de facto presentan características que permiten que se las califique como causas complejas, cualidad por la que requieren una mayor dedicación, por involucrar intereses sociales de relevancia, gran cantidad de víctimas e imputados”, dijo Righi en ese momento. La resolución se originó en una queja del fiscal de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, quien advirtió que la causa sobre la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse estaba paralizada desde hacía casi un año y medio porque la Cámara de Casación había solicitado el expediente principal para resolver un incidente interpuesto por la defensa.

Los abogados consultados, así como varios magistrados federales, coincidieron en que no es posible generalizar las sospechas a los doce jueces que integran el tribunal. Pero admitieron que hay casos paradigmáticos. Así como Romero Victorica entre los fiscales, entre los camaristas se destaca Alfredo Bisordi, cuya destitución ya fue reclamada ante el Consejo de la Magistratura por varios organismos de derechos humanos. El pedido se originó en la respuesta que dio el juez cuando lo recusaron con el objetivo de que no interviniera en la causa ESMA por su conocida aprobación a los métodos de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y compañía. Como réplica, Bisordi agredió a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, y a Yanzón, uno de los representantes de las víctimas. Entre otras cosas, Bisordi calificó como “delincuente” a Daleo e intentó descalificar a Yanzón por haber sido “ex defensor de criminales”, en alusión a su tarea como abogado de los presos de La Tablada. En el Consejo de la Magistratura el incidente fue girado a la comisión de disciplina, cuyos integrantes consideraron que Bisordi incurrió en “faltas de consideración y respeto” y “actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometen la dignidad del cargo de juez”. El caso se cerró con una sanción.

Las recusaciones, es decir, pedidos para apartar a determinado juez de una causa, también generan atrasos. En este caso, la mayoría de estas presentaciones son hechas por los abogados de las víctimas o sus familiares. Pero a veces son ineludibles. Bisordi ya no interviene en los expedientes vinculados con el terrorismo de Estado. Pero cuando se sortearon conjueces para reemplazarlo a él y a otros de sus compañeros, dos de los elegidos fueron Roberto José María Durrieu y Hugo Juvenal Pinto. El primero fue funcionario de la última dictadura –el general Ramón Camps le dedicó el libro que escribió para refutar las denuncias del periodista Jacobo Timerman– y el segundo, defensor de represores. No quedó más remedio que reiterar el reclamo de nuevos jueces. Además, los integrantes de la Sala III de la Cámara –Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Guillermo Tragant– informaron que se abstenían de participar en expedientes sobre el Primer Cuerpo de Ejército ya que uno de los oficiales (empleados) de la Sala había pedido licencia para dedicarse a la defensa de su padre, Juan José Amarante, acusado por violaciones a los derechos humanos en La Pampa.

Los abogados Yanzón y Mónica González Vivero creen que no se trata de determinados nombres o situaciones puntuales. En representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre recusaron en abril de 2005 a todos los miembros de la Cámara de Casación. Mencionaron como argumentos el hecho de que el tribunal tuviera un convenio con la Armada para que los empleados del fuero federal pudieran utilizar los servicios del comedor y del gimnasio del edificio Libertad y que, a fines de 2004, la Cámara organizó una misa en la catedral Stella Maris, que pertenece al obispado castrense que estaba a cargo de Antonio Baseotto. Los abogados recordaron que en la estructura de ese obispado estaban también el carapintada Pedro Candia y el presbítero Alberto Angel Zanchetta, quien en 1977 fue capellán de la ESMA y asistió espiritualmente a los represores.