Fiscales riojanos analizan abrir una investigación para determinar si el gobierno del suspendido gobernador Angel Maza previó con anticipación montar durante el pasado martes 13 una estrategia de caos social –como describió ayer Página/12– que justificara la intervención federal a la provincia, aseguraron fuentes judiciales. Los fiscales intentan corroborar las declaraciones que hizo un supuesto arrepentido de la operación al diario riojano El Independiente y que, según fuentes oficiales, concuerdan con versiones que manejan funcionarios de la actual administración provincial a cargo del vicegobernador Luis Beder Herrera. El plan, según reveló la fuente al diario, preveía movilizar hacia Casa de Gobierno entre 15 y 20 mil personas desde el interior de la provincia, para lo cual se destinarían unos “tres millones de pesos” de las arcas oficiales. De acuerdo con el mismo relato, también “se tuvo en cuenta que a la hora de producir destrozos y hasta generar grescas, por lo que se decidió traer una veintena de elementos ‘pesados’ de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires”.