Puede que sea por el año electoral. Puede que sólo sea por estar en vísperas del 25º aniversario de la guerra de Malvinas. Lo cierto es que en menos de 48 horas el Gobierno emitió una nueva señal de endurecimiento en las relaciones bilaterales con el Reino Unido, a la que vez que dio muestras de reafirmación de los reclamos de soberanía sobre las islas. Esta vez lo hizo al anunciar que no podrán operar en la plataforma continental aquellas empresas petroleras que exploren, exploten o realicen todo tipo de tarea logística en “nuestras islas Malvinas” bajo la legislación británica.

La nueva resolución exigirá a las empresas inscribirse ante el gobierno nacional y que conste que no operan, ni ellos ni subsidiarias o prestatarias, sin autorización argentina en la plataforma continental. El anuncio corrió por cuenta del ministro de Planificación, Julio De Vido, en una resolución que lleva la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron.

–¿Cuál será la reacción británica? –fue la pregunta, palabras más palabras menos, que le hicieron al ministro de Planificación.

–Nos tiene sin cuidado la opinión de una potencia extranjera en relación con lo que decida la Argentina sobre su propio territorio –contestó durante la rueda de prensa celebrada en la Casa Rosada.

La medida, que determina requisitos que deben cumplir a partir de ahora las empresas que actúan en la plataforma continental, prevé sanciones para aquellas que no cumplan y van desde multas hasta la baja del servicio y la caducidad de la concesión.

“No podrán operar en la Argentina, explorando, explotando y realizando toda tarea de tipo logístico aquellos que hayan prestado servicios en nuestras islas Malvinas bajo la legislación del Reino Unido”, detalló De Vido la sorpresiva iniciativa.

El ministro aseguró que ésta es “una medida preventiva y retroactiva” porque, explicó, “no tengo precisiones sobre lo que está pasando en la plataforma de Malvinas”, pero “entiendo que hoy no hay empresas petroleras” actuando en esa área, aunque “puede ser en el futuro”.

De Vido remarcó ante los periodistas que la resolución del Gobierno es “para las nuevas inscripciones y las viejas que sean renovadas, y debe ser cumplida por todas las compañías que presten servicio de exploración, explotación, prospección sísmica, logística, etcétera, en territorio argentino bajo la legislación argentina”.

Las sanciones, siempre según la descripción del propio ministro, serán multas para “las empresas que no presten declaraciones juradas de cumplimiento de sus obligaciones e incompatibilidades con lo que prevé la nueva resolución”. Además, se prevé la baja del servicio para aquellas empresas que persistan en no informar sobre sus actividades.

Pero hay más. De Vido habló de “la caducidad de los permisos y concesiones de aquellas empresas que en forma directa, o a través de sus accionistas, no cumplan con las restricciones de contratación establecidas en esta resolución”.

La decisión tomada ayer se suma a la resuelta el martes, cuando el gobierno argentino puso fin al acuerdo de exploración y explotación de hidrocarburos firmado con Gran Bretaña en 1995. Aquella medida alteró los ánimos británicos, pero Jorge Taiana la justificó explicando que de hecho ese convenio estaba paralizado.

“La verdad –consideró el canciller argentino–, no tenía sentido mantener ese acuerdo porque del ’95 al 2000 se la pasaron reuniéndose para ver qué firmaron. En el 2000 abrieron un período de reflexión, lo que se convirtió en una suerte de congelamiento virtual. Al final, terminó siendo un acuerdo que sólo le servía al gobierno británico, que decidió unilateralmente para la explotación de las áreas petroleras sin la participación argentina.”

El gobierno británico consideró “lamentable” la decisión argentina de cancelar un acuerdo hidrocarburífero y advirtió a través de su Cancillería que se trata de “un retroceso” en la relación bilateral.

A pesar de semejantes posturas –de uno y otro lado–, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, negó que planee entorpecer el vínculo con el Reino Unido y que sencillamente se trata de “una política de reafirmación plena de los derechos soberanos de la Argentina” sobre el archipiélago.

“Las islas Malvinas son argentinas y, por lo tanto, tenemos que preservar nuestra soberanía y decir claramente que el único que tiene derechos, inclusive comerciales, sobre esas islas, es la Argentina”, fue la frase de Fernández sobre aquella decisión pero que bien podría adjudicarse a la asumida ayer.