La semana próxima empieza el desfile de sindicalistas en Tribunales. El juez federal Norberto Oyarbide comenzará a tomar declaración indagatoria a los “pesos pesados de los principales gremios nacionales, en una megacausa en la que se investiga si los gremialistas desviaron un crédito del Banco Mundial de 350 millones de dólares en provecho propio. Todo comenzó con la denuncia de un antiguo empleado telefónico recogida por el abogado Ricardo Monner Sans y verificada por el fiscal federal Carlos Stornelli.

Entre los primeros popes del gremialismo citados a declarar como imputados de presunta “defraudación al Estado” figuran Roberto Polanco (Obras Sanitarias) y Diógenes Salazar (Telefónicos), además de casi 60 gremialistas, funcionarios y empresarios. La ronda de audiencias arrancará en los tribunales federales de Retiro el 24 de abril y se prolongará hasta principios de junio. El requerimiento de instrucción del fiscal Stornelli abarcó a 23 obras sociales y 350 imputados, entre otros, Armando Cavalieri (Mercantiles), Juan José Zanola (Bancarios), Antonio Cassia (Petroleros), Gerardo Martínez (Construcción), Gerónimo Venegas (Trabajadores Rurales), Vicente Mastrocola (Plásticos), Ramón Valle (Seguros) y Jorge Horacio Menem (Empleados de Correo).

Las presuntas maniobras irregulares que investiga la Justicia se habrían cometido de 1996 a 2000 con los fondos provenientes de un crédito de 350 millones de dólares del Banco Mundial destinado a la reconversión y mejora de las obras sociales, mediante pago de deudas, reformas edilicias y cursos de capacitación del personal. Sin embargo, según el dictamen de Stornelli, de un centenar de fojas, muchos millones de ese préstamo habrían ido a parar a manos de los sindicalistas que estaban al frente de las obras sociales o a empresas “fantasma” presuntamente dirigidas por amigos y familiares, con la anuencia de los funcionarios estatales a cargo de controlar el destino de los fondos.

En su momento, el fiscal requirió al juez Oyarbide que cite a declaración indagatoria a 350 imputados, entre sindicalistas, funcionarios del Estado y empresarios del rubro salud por la presunta comisión del delito de defraudación a la administración pública. La denuncia original fue radicada por el abogado Monner Sans el 11 de agosto de 2002, que mencionó supuestos movimientos millonarios de dinero en cuentas bancarias sindicales del empresario Gustavo Aondi, quien, según el fiscal, habría sido socio del secretario general adjunto de la CGT y actual presidente de AySA, José Luis Lingeri. Aondi, que tiene fuertes inversiones en coches de Turismo Carretera, sería pariente del gremialista que supo ser superintendente de obras sociales durante parte del gobierno de Carlos Menem.

La demora en llegar a la instancia de indagatorias se debe a que la fiscalía trabajó en peritajes financieros, a la propia complejidad de la causa y a la cantidad de personas imputadas. El informante –cuya identidad se mantiene en secreto– que detonó el caso advirtió sobre los “negocios que se hicieron en este país con dinero del Banco Mundial para la reconversión de las obras sociales”. Y mencionó un cobro de dinero en la sucursal Belgrano del Banco Nación que, extrañamente, se realizó en efectivo a nombre de la empresa Equipo de Salud SA. El fiscal comprobaría luego la misma modalidad en otras obras sociales.