El gobierno nacional creó un programa especial que coordinará todas las dependencias del Poder Ejecutivo que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos de los juicios contra los represores. El organismo estará a cargo de Marcelo Saín, hasta ahora interventor de la Policía Aeroportuaria, y dependerá de la Jefatura de Gabinete. La iniciativa apunta a que haya una sola dependencia del Poder Ejecutivo que se encargue de todas las tareas relacionadas con estas investigaciones y sea el nexo con el Poder Judicial.

El Programa Verdad y Justicia –ése es su nombre– surge, por un lado, a raíz de la desaparición de Julio López, testigo central en el juicio contra Miguel Etchecolatz, y las amenazas y amedrentamientos sufridos por otras personas que deben declarar en los juicios o por los funcionarios judiciales que llevan los procesos adelante. Pero además, la apertura masiva de investigaciones contra represores que se realizaron a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida hizo que fuera necesario ordenar y agilizar esos expedientes. Actualmente hay más de 250 acusados presos, en cárceles o en sus casas, y más de mil causas abiertas en todo el país. Pero hasta ahora, en esta nueva etapa, sólo se realizaron dos juicios orales.

La tarea central en este proceso es del Poder Judicial y de hecho la semana pasada cinco miembros de la Corte Suprema se reunieron con el procurador, Esteban Righi, y el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, para comenzar a pensar en mecanismos que permitan que los juicios relacionados con los crímenes de la última dictadura no terminen de concretarse en el 2050. Con el mismo espíritu, se presentó la semana pasada en el Congreso una iniciativa elaborada por dos ex miembros de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes: Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio.

El programa creado ayer involucra a las diferentes dependencias del Ejecutivo que intervienen en el proceso de juzgamiento a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de investigación de las amenazas a testigos y funcionarios. A través de este organismo se canalizarán, por ejemplo, los pedidos que los jueces o fiscales encargados de estos casos hacen al Gobierno, ya sea una petición a las diferentes fuerzas de seguridad (policías de las diferentes provincias, Policía Federal, Gendarmería o SIDE) o una solicitud de reasignación de recursos.

La forma de implementación de los juicios sobre terrorismo de Estado –sobre todo luego de la desaparición de López– es una de las principales preocupaciones de los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había elaborado hace varios meses una serie de documentos con propuestas para subsanar las que consideraban deficiencias en diferentes organismos con responsabilidades en el tema: el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Casación.

Ayer, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró un “acierto” la creación de este programa y destacó otras medidas tomadas en el último tiempo como la implementación de un ámbito dentro de la Procuración para la organización de los fiscales y la decisión de la Corte de dar impulso a algunos juicios del interior del país mediante la resolución de conflictos generados por la existencia de causas sin juez y el nombramiento de vacantes de jueces en algunas provincias. El CELS destacó que estará “atento a que el desarrollo de este nuevo programa contribuya efectivamente a la urgente realización de los juicios orales y a la protección de víctimas y testigos”.

El decreto que pone en marcha este nuevo organismo tiene la firma del presidente Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, e Iribarne.

“El juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad –dice la norma en sus considerandos– es un proceso que sentará bases profundas para el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabildad democrática. El compromiso del Gobierno con la verdad y la justicia debe ser materializado mediante la implementación de medidas adecuadas a la complejidad y la especificidad de este proceso”.

Según figura en el decreto, los objetivos del Programa Verdad y Justicia son:

- Coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

- Garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares.

- Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales.

- Identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y la protección de las personas involucradas en las investigaciones.

Para llevar a la práctica estos aspiraciones, el programa realizará un “seguimiento integral” de las pesquisas sobre el terrorismo de Estado y en “un plazo de 90 días” tendrá que tener listo un “diagnóstico de los hechos de amedrentamiento que hayan sufrido los testigos o funcionarios, “identificando posibles autores y modus operandi y estableciendo un mapa de riesgo de la situación”. Otra misión de Saín será la de “proponer un plan de protección de víctimas, testigos, defensores y funcionarios y coordinar con los organismos competentes o eventualmente proveer en forma directa las medidas de protección necesarias”. Además, tendrá facultades para realizar tareas de investigación e inteligencia.