Con la tormenta judicial del caso Skanska a cuestas, el ministro de Planificación, Julio De Vido, enfrenta también los avances de una causa por la supuesta compra irregular de 15 locomotoras usadas a una empresa japonesa. Lo investiga el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que el viernes último ordenó dos peritajes cruciales: uno para precisar en qué condiciones fueron adquiridas las máquinas y otro para establecer si se pagaron sobreprecios.

Esta investigación había sido archivada por el ex juez federal Jorge Urso cuando, en los intentos por evitar el juicio político, sobreseyó a De Vido y al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que forma parte del mismo ministerio. Pero a fin de marzo de este año la Sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir el expediente porque consideró que había sido cerrado en forma apresurada, sin pruebas suficientes. La resolución disponía continuar la pesquisa sobre los dos funcionarios y a la vez sobre el subsecretario de Transporte, Julio Montaña, y el polémico empresario Sergio Taselli, a quien el Gobierno le quitó recientemente la concesión de las líneas Roca y Belgrano Sur.

Urso dejó su cargo cuando avanzaban varios pedidos de remoción en su contra en el Consejo de la Magistratura. El Gobierno le aceptó la renuncia, algo que no hizo en otros casos, como el del ex juez Juan José Galeano, finalmente destituido por las irregularidades en el caso AMIA.

Así, la causa sobre las locomotoras está ahora en manos de Martínez de Giorgi, que subroga el juzgado 8, para el cual concursa. No es el único caso que instruye que involucra al ministro de Planificación: también por disposición de la Cámara le tocó reimpulsar una pesquisa –también archivada por Urso– por la adjudicación directa del gasoducto del nordeste a la empresa Techint.

Las quince locomotoras usadas fueron compradas en 2004, sin licitación, a la empresa Railway Leasing Argentina SA, por 21 millones de pesos, pero el abogado Juan Carlos Iglesias denunció que se había pagado cerca del doble del valor real. También señaló que, por entonces, no era el Estado quien debía encargarse de la adquisición sino la entonces concesionaria Transportes Metropolitano General Roca, de Taselli.

Martínez de Giorgi ordenó el viernes último varias medidas de prueba que nunca se habían realizado. Convocó a peritos ingenieros de la Corte Suprema y del Centro Argentino de Ingenieros para determinar el estado en que fueron adquiridas las locomotoras y si realmente estaban “utilizables”. También les encomendó un estudio a peritos tasadores y expertos del Consejo de Ciencias Económicas para determinar si se pagaron sobreprecios.

En las últimas semanas desfilaron cuatro testigos por el juzgado. Entre ellos declaró, según fuentes judiciales, el ingeniero Adolfo Deltell, que hizo un informe tras la inspección de las máquinas en Córdoba. Habría señalado que, después de algunos arreglos quedaron en condiciones de ser utilizadas. En el mismo sentido se habrían pronunciado los demás, que hicieron controles para la Secretaría de Transporte. Todo indica que deberán presentarse también miembros de la firma japonesa. El juez, de hecho, está en vías de tramitar un exhorto a Japón para que testifique su presidente, Takashi Ikegmai.

Cuando la Cámara mandó a desempolvar la causa –en función de la apelación del fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido–, Jaime se defendió: “La denuncia está totalmente fuera de lugar”, dijo. “Una locomotora no baja de 2,5 millones de dólares y nosotros la compramos por 1,2 millón de pesos”, argumentó.

Por ahora, no hay llamados a indagatoria. Es un paso que está atado a los resultados de los peritajes en marcha.