Después del feriado, Felisa Miceli tendrá que afrontar una nueva denuncia en su contra ante la Justicia. El abogado Miguel Bootello, que acusó a la ministra de Economía por “enriquecimiento ilícito” y “evasión impositiva”, volverá mañana hasta los tribunales federales para hacer “una presentación muy fuerte proponiendo pruebas” que –a su juicio– complicarían aun más la situación judicial de Miceli. El abogado ratificó que parte del dinero encontrado por la Policía Federal dentro de una bolsa guardada en el baño del despacho de la ministra estaba rotulado con las siglas del Banco Central: “Es plata oficial, lo que es gravísimo”, dijo y opinó que la ministra puede ser juzgada por “malversación de caudales públicos”. Bootello exigirá también el allanamiento del Central y las citaciones de su presidente, Martín Redrado, y su gerente general, Carlos Pérez. Por ahora, Miceli cuenta con el respaldo del Gobierno y será parte de la comitiva presidencial que viajará hoy hasta Tucumán para festejar un nuevo aniversario de la Independencia.

Bootello calificó como “patético” el argumento que brindó la ministra sobre el origen de la plata que encontró la Federal en su despacho (en una de las requisas “habituales” que la brigada de explosivos realiza en ese ministerio) y auguró que su situación judicial de Miceli se agravaría. El abogado –que se identificó como “peronista”– afirmó que al menos uno de los fajos del dinero encontrado en la bolsa estaba fajado con “la sigla BCO.030”, con que el Banco Central identifica el dinero salido de la entidad. El organismo “distribuye a X banco la plata, va con la sigla del Banco Central, va termosellado, plastificado”, insistió Bootello en declaraciones radiales.

El abogado denunciante remarcó que “el Banco Central hace redescuentos, tiene las cuentas corrientes de los bancos, no de los particulares, que no pueden ni cruzar la puerta (de la entidad), directamente”. Por eso afirmó que les pedirá al fiscal Guillermo Marijuán y a la jueza María Romilda Servini de Cubría que allanen el Banco Central y citen a declarar a Redrado y Pérez. Si esto es así –para Bootello– Miceli podría “ser juzgada por malversación de fondos públicos”.

Pero ayer –según sus voceros– fue un día tranquilo para la ministra, a pesar de las declaraciones de Bootello. Cerca de Miceli les quitaron trascendencia a las declaraciones del abogado, se mostraron confiados con el aval que le brindó el Gobierno y afirmaron que ya no saldrán a responder públicamente sus denuncias, aunque se reservaron la “estrategia judicial” que los abogados de Miceli desplegarán en los tribunales.

Desde el propio Gobierno, admitieron a este diario que estaban “conformes” con la explicación que brindó la ministra, aunque afirmaron que “monitorearán” la situación judicial para “evitar sorpresas”. La confirmación de la postura oficial es que la ministra será parte de la comitiva presidencial que acompañará a Néstor Kirchner y Cristina Fernández a San Miguel de Tucumán, donde además del acto oficial del aniversario de la Independencia, el Presidente participará de un acto masivo convocado por el gobernador José Alperovich, en el hipódromo de esa ciudad, para todo el peronismo.

“La mayor parte del dinero me la prestó mi hermano Horacio, que tiene un pequeño laboratorio de productos medicinales”, dijo Miceli en una entrevista que concedió a tres diarios porteños, entre ellos Página/12.

“Mi hermano me prestó el dinero para comprar una casa”, insistió Miceli.

Pero la cifra admitida por la funcionaria tampoco coincide con la denuncia periodística, que reveló que la Policía Federal encontró “una bolsa con 241 mil dólares” el pasado 5 de junio en el baño privado del despacho de Miceli, ubicado en el quinto piso del Ministerio de Economía.

La ministra no descartó que la información del hallazgo de la bolsa con dinero en sus despacho haya llegado hasta los medios como parte de una “campaña sucia” en su contra. “Esta es una operación política de una magnitud extrema, brutal”, volvió a reafirmar la ministra antes de señalar ante los periodistas que el senador radical Gerardo Morales, compañero de fórmula de Roberto Lavagna, “está pidiendo mi renuncia desde hace meses, acuérdense del caso Greco, ellos fueron los impulsores del tema”.

La referencia de la ministra es al reclamo de una indemnización económica que el grupo empresario le hace al Estado por la expropiación de sus bienes durante la dictadura, y que fue motorizada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. “Nosotros, desde el ministerio, actuamos con toda velocidad haciendo las denuncias penales contra los funcionarios anteriores que no habían cuestionado el dictamen del juez y evitamos el pago de 600 pesos en bonos de la deuda pública”, había señalado la ministra en sus descargos públicos.

Pero Morales tiene otra explicación. El pago de 600 millones de pesos al grupo Greco había llegado al Congreso en medio de un paquete que solicitaba autorización para la emisión de bonos para cancelar deuda pública, sin muchos detalles. El proyecto, que llevaba la firma de Miceli, ya había obtenido media sanción en diputados, pero los senadores radicales frenaron su aprobación en la Cámara alta cuando advirtieron que gran parte de esos millones en bonos eran para cancelar la deuda con Greco. Después, la ministra inició acciones contra funcionarios de su propio ministerio que habrían cerrado el paquete, entre ellas una ex colaboradora del ex ministro Lavagna.