El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le pidió un informe a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para mañana. Su titular, Romina Picolotti, deberá tener lista la respuesta a una larga denuncia contra su gestión: viajes en aviones particulares, nombramientos masivos y contratos a parientes y amigos personales son algunas de los acusaciones que le disparó la investigación publicada ayer por un matutino porteño. El Gobierno escuchará a Picolotti recién mañana, pero ya se escucharon voces de respaldo. En torno del jefe de Gabinete se habla de una “operación” contra la funcionaria, originada en dos ex funcionarios despechados. En tanto, los asambleístas de Gualeguaychú se mantienen “cautelosos” y a la “espera”, pero hablan de “un tiro por elevación al movimiento de los asambleístas”. El ARI presentará una denuncia penal contra la funcionaria.

“No es que salgamos a bancarla ‘caiga quien caiga’, como hacía el menemismo”, explicó anoche un vocero del Gobierno. “La convocamos porque queremos saber qué pasó, punto por punto.”

Según el texto del informe publicado el domingo en el diario Clarín, se estableció que Romina Picolotti y sus allegados participan de:

- Maniobras presupuestarias que les permiten derivar fondos públicos para gastos personales, multiplicar contratos de trabajo irregulares por montos desmedidos y hacer compras con pocos controles.

- Entre otros ítems, habría empleados sin justificación, estaría contratado el hermano de la secretaria, Juan Picolotti, y su novia, Susana Verónica Franco, con sueldos de 8 mil pesos mensuales; el hermano de Franco, Martín Franco, como director del área de Recursos Humanos, y también su esposa, Cristina Aoki, en el Programa Integral del Riachuelo.

La compra de muebles, de 100 computadoras con DVD y la contratación de cuatro viajes en compañías particulares integran la denuncia sobre la que Picolotti no hizo ayer declaraciones.

Durante la mañana, Alberto Fernández habló con ella para acordar el encuentro de mañana. Según dejaron trascender voceros de la Rosada, la denuncia no modificó sus fuerzas internas. En estas primeras horas, el Gobierno salió a atajar el golpe con datos propios. “Cuando Picolotti llegó, la secretaría era tierra arrasada con empleados de carrera que son la peor lacra de la Argentina, responsables de los verdaderos frenos a los intocables”. En esa línea, inscriben a la denuncia y a dos ex funcionarios del área, echados por Picolotti cuando entró y todavía muy molestos, al punto de encabezar lo que el Gobierno entiende como una campaña de difamación.

En esa línea, refutan todas las acusaciones. Explican que Picolotti tomó empleados para reubicarlos, compró muebles porque se abrieron nuevas dependencias, adquirió computadoras con DVD porque ya no se venden sin DVD, contrató a personas de confianza y no le pagan el alquiler de 1600 dólares al mes al hermano de Picolotti, indicaron. “Viaja en avión, sí”, explicó un vocero. “Pero si me dijeran que se va a Punta del Este a ver a su familia es una cosa, pero estos aviones los usa al parecer para hacer varios destinos ese mismo día.”

El martes, tras el descargo de la secretaria, unos y otros tomarán posición. Más que un mea culpa, el Gobierno parece que no dará crédito a la denuncia. “Tienen a Picolotti entre ceja y ceja porque ella combate la instalación de Botnia”, dispara el vocero ya consultado. “Y esa papelera concentra intereses de Papel Prensa”.

El sábado pasado Picolotti cumplió un año en el Gobierno. Durante este año, su área pasó de Salud a tener relación directa con Alberto Fernández. Entre los temas calientes, le tocaron en su alcance las papeleras y las actividades mineras.

“No sé muy bien qué decir, no sé si esto es verdad o no, pero lo que me parece es que es un tiro por elevación para el movimiento de los ambientalistas y un golpe a todo Gualeguaychú”, dijo Gustavo Rivolier, uno de los coordinadores de la asamblea de esa ciudad. Oscar Bargas, otro referente del sector, estimó: “Para Gualeguaychú esto que pasa es muy serio”, dijo a este diario. “En principio te toma por sorpresa, y nos queremos quedar en una posición de cautela para ver qué pasa. No queremos apresurarnos porque no podemos saber quién tiene razón, que la justicia investigue”.

Adrián Pérez es uno de los diputados del ARI que promovió judicialmente la investigación por el escándalo de Skanska. En este caso, ayer se hizo eco de la denuncia para presentarla en la Justicia. “Esto pone en evidencia presuntas irregularidades en medio ambiente, con contrataciones por montos muy altos, realizadas no directamente por la secretaría, sino además por una Fundación pública, FundaInta, que es una dependencia del INTA que aparece en varias contrataciones con sueldos de hasta 25 mil pesos mensuales”. A pesar de su incursión en el caso Skanska, para Pérez no son comparables. “No conozco otros casos con esta forma de contratación donde aparecen tantos parientes”, indica. “Con Skanska había una mecánica del Gobierno distinta, porque por las obras públicas pagaba más que el precio del mercado, esto mismo pasaba en otras obras, pero este tipo de fundación pública interviniendo no la tengo como mecánica habitual.”