El fallo de la Corte Suprema sobre los indultos se hará esperar por lo menos hasta mañana, quizá incluso hasta la semana próxima. En paralelo corre la suerte de otro expediente de fuertes implicancias, que definirá si el Congreso tiene facultades para impedir la asunción de un legislador, como lo hizo con el represor Antonio Domingo Bussi y con el ex subcomisario Luis Patti, acusados de violaciones a los derechos humanos.

La esencia de ambas resoluciones está definida desde hace varios días, pero algunos detalles no menores aún las demoran. En ninguno de los dos casos existe un criterio uniforme en el máximo tribunal y lo más probable es que los fallos se dicten con una ajustada mayoría de cuatro votos, sobre el total de siete miembros.

- La Corte declarará la inconstitucionalidad del indulto de Carlos Menem que benefició al ex general Santiago Omar Riveros, acusado de secuestros, torturas y desapariciones en Campo de Mayo. Todos los jueces supremos tienen sus votos listos excepto Carmen Argibay. La jueza, según pudo saber Página/12, quizá no integre la mayoría. Estaría armando un voto en disidencia con un razonamiento similar al de Carlos Fayt, quien sostiene que existe cosa juzgada ya que la propia Corte convalidó los indultos, incluso al dejar firme un sobreseimiento de Riveros a comienzo de los noventa. Enrique Petracchi, que firmó aquella decisión, esta vez no se pronunciaría. Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Raúl Zaffaroni se disponen a sostener que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables acorde con el derecho internacional.

- El tribunal también está dando los últimos retoques a una sentencia sobre la banca que la Cámara de Diputados le impidió asumir a Bussi por estar acusado en causas sobre crímenes de la última dictadura. Lorenzetti, Zaffaroni, Argibay y Fayt están convencidos de que el Congreso no está facultado para trabar la jura de un diputado o senador electo. Esto es lo que dejarán establecido en el expediente sobre el represor tucumano, aunque especificarán que es un asunto abstracto porque su mandato (nunca ejercido) caducó en 2003. Ayer todavía trabajaban en una fórmula que le impida reclamar los sueldos que no percibió. El caso Bussi repercutirá sobre el de Patti, a quien Diputados le impidió asumir en mayo del año pasado por falta de “idoneidad moral”. La minoría suprema diría que esta discusión no puede ser saldada por la Justicia.

Los dos fallos supremos buscarán poner límites –aunque de distinto tipo– al poder político. Uno de ellos lo hará sobre la potestad presidencial de indultar. El otro apunta a “evitar manejos discrecionales de las mayorías legislativas”, en palabras de un juez. El primero está alineado con el rumbo que ha tomado el Gobierno en derechos humanos. El segundo será más incómodo para el oficialismo y, tal vez para amortiguar este impacto la Corte intentará resolver los dos temas en un mismo día.