La Cancillería le transmitió al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Francisco Bustillo, “su más fuerte inquietud” por el caso de contaminación registrado en la planta de Botnia, que produjo la intoxicación de cuatro ciudadanas argentinas residentes en Gualeguaychú, y le pidió “detener” la construcción de la papelera, donde resultaron afectados quince trabajadores. De hecho, las obras fueron paralizadas pero no por las autoridades uruguayas, sino por los obreros, quienes decretaron un paro “hasta que la empresa dé las garantías de seguridad necesarias”.

Este nuevo capítulo de la disputa que Argentina y Uruguay mantienen por el emplazamiento de la fábrica de celulosa en Fray Bentos comenzó a escribirse a partir de la fuga de sulfuro de sodio que se produjo el martes pasado. Ese escape no sólo afectó a quince operarios de la planta de Botnia: cuatro mujeres de Gualeguaychú denunciaron ante la Justicia haber sentido síntomas de intoxicación. María Esther González, una deportista que en el momento del accidente andaba en bicicleta por la ruta 136, describió que le “ardía” la cara y que se le “cerró la garganta”.

“Particularmente alarmada” por estos acontecimientos, la “Cancillería ha procedido inmediatamente a convocar al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Francisco Bustillo”, consignó anoche en un comunicado la cartera a cargo de Jorge Taiana. Por ese medio se precisó también que al acudir a la convocatoria el diplomático uruguayo se llevó una nota en la que la Argentina “transmite su más fuerte inquietud por este grave episodio, que involucra a un emprendimiento ilícito, autorizado y desarrollado sobre un recurso fluvial compartido en violación de un tratado bilateral”.

En esa nota la Cancillería expuso que “este episodio representa una evidencia adicional de lo que nuestro país ha señalado reiteradamente y que el Uruguay pretende negar”. Y agregó que “en la localización unilateralmente elegida, el proyecto Orion, a cargo de la empresa Botnia, es perjudicial para el ecosistema asociado al río Uruguay y sus áreas de influencia, incluyendo particularmente la salud y el bienestar de las comunidades adyacentes a dicho recurso compartido”. En ese marco, instó “a las autoridades uruguayas a detener” la construcción de la pastera.

Lo que hizo el gobierno de Uruguay fue profundizar las revisiones en la papelera. “Están en marcha inspecciones en la planta como parte de un proceso administrativo que, una vez concluido, determinará eventuales sanciones”, indicaron en el Ministerio de Trabajo uruguayo. La construcción, de todos modos, fue paralizada por el Sindicato Unico de la Construcción y Afines, de Uruguay. “Los trabajadores asistirán a la planta, pero no cumplirán actividades hasta que la empresa dé las garantías de seguridad necesarias”, explicó el titular del gremio, Carlos Rossi.