El recuento cordobés ingresa en su última etapa. Ayer finalizó el control de la totalidad de las actas electorales. La jueza electoral Marta Vidal tendrá que decidir qué hará con las urnas objetadas. El partido de Luis Juez realizó una presentación en la que destacaba la falta de garantías que brindaban algunas actas. A partir de esto, reclamaron la nulidad de la votación y pidieron una elección complementaria en el caso de las urnas cuestionadas. Funcionarios de la Justicia electoral le sacaban presión a la jueza y destacaban ayer que la ley electoral no contempla un plazo estricto para esta definición.

José María Pérez Corti, secretario del Juzgado Electoral, informó que “se han verificado cuáles son las actas que a criterio de los partidos y del Tribunal dan las garantías necesarias para incorporarlas a la carga informática”. Esto no quiere decir que el recuento vaya sobre rieles, ya que todavía quedan muchas cuestiones pendientes de una definición. Al enumerarlas, Pérez Corti recordó que aún falta resolver el futuro de “los votos impugnados y recurridos que no han sido colocados fuera de la urna, para lo cual se hace un inventario en base a los datos consignados en las actas, se procede a la apertura de las urnas, una por una, y a la verificación de esos votos”.

En caso de que esos votos no sean considerados, se deberá rectificar el acta final. Pérez Corti también recordó que está pendiente la realización de “dos audiencias en las que se determinará la validez o no del contenido de esas urnas”.

Personal de la Justicia Electoral señaló que la gran cantidad de actas sobre las que hay que decidir hará que por lo menos durante toda la semana entrante continúe funcionando la denominada Mesa de Incidencias. Un mecanismo que integran la autoridad electoral y los apoderados de todos los partidos políticos que participaron de las elecciones. El recuento convivirá con la pelea política. Juez adelantó que seguirá peleando “por la verdad”. También dijo: “No voy a reconocer una derrota porque nos robaron”.