El fiscal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral y público de doce represores integrantes de los grupos de tareas que funcionaban en la Escuela de Mecánica de la Armada. Tras la aparición de los cuerpos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, Angela Auad y la religiosa francesa Léonie Duquet, los militares fueron imputados por homicidio agravado de doce desaparecidos, además de tortura y privación ilegal de la libertad. Entre los implicados se encuentran los miembros de la Armada, Jorge “el Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Jorge Radice y Juan Carlos Rolón y el ex marino Alfredo Astiz, junto a algunos integrantes de otras fuerzas.

A partir del reconocimiento de los cuerpos de los cinco desaparecidos, la fiscalía federal número tres pudo imputar a nueve integrantes de la Armada, un ex oficial retirado de la Prefectura Naval (Héctor Febres), un ex comisario de la Policía Federal (Ernesto Weber) y un mayor retirado del Ejército (Julio César Coronel), de homicidio agravado con alevosía. Tras el hallazgo de los cadáveres, la fiscalía incorporó el peritaje científico que indicaba que tenían “lesiones compatibles con la caída de gran altura”, que eran compatibles con “vuelos de la muerte”, en los que se tiraba al mar a los detenidos desde un avión en vuelo.

Las doce víctimas cuyos casos trata este expediente fueron secuestradas el 8 y el 10 de diciembre de 1977 y probablemente asesinadas en los vuelos de la muerte entre el 18 y el 23 de ese mes. Angela Auad, Esther Careaga, Raquel Bullit, Eduardo Horane, Patricia Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco y la monja francesa Alice Domon fueron detenidos por un grupo de militares armados y vestidos de civil al salir de una reunión en la iglesia Santa Cruz, donde se reunían para preparar una solicitada que reclamara la aparición con vida de los desaparecidos. De ese operativo participó Alfredo Astiz, quién se había infiltrado por orden del Tigre Acosta, haciéndose pasar por el hermano de un familiar desaparecido. Ese mismo día, también fueron detenidos ilegalmente Remo Berardo –en su domicilio– y José Fondovila y Horacio Elbert –en la confitería Comet–. Dos días después, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor fue secuestrada al salir de su casa, al igual que la religiosa francesa Léonie Renée Duquet, en la parroquia San Pablo de Ramos Mejía.

Taiano ya había solicitado la elevación a juicio de esta causa. Pero ahora agregó la imputación por asesinato, lo que permitiría condenar a los acusados a una pena mayor. Pese a que no fueron encontrados todos los cuerpos, el fiscal aseguró en el requerimiento que eso “no impide aseverar que la doce víctimas se encuentran muertas”, por lo que se les puede imputar homicidio agravado en todos los casos, y citó como ejemplo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde determina que “con la desaparición de personas se violan varios derechos establecidos en la Convención, entre ellos el de la vida, cuando hubiese transcurrido, como en este caso, un período de varios años sin que se conozca el paradero de la víctima”.

Según el relato de los sobrevivientes, todas las víctimas fueron sometidos a torturas que consistían en atarlos a un elástico de metal, aplicarles picana y golpearlos brutalmente.

Informe: Sebastián Abrevaya.