Carlos Lordkipanidse fue torturado junto a su hijo, un bebé de unos pocos días. Carlos Alberto García recibió golpes, pasajes de corriente eléctrica y quemaduras de cigarrillo. Julio Margari estuvo encadenado con los ojos vendados durante diez días. Josefa Prada de Oliveri fue golpeada, maltratada y sufrió un intento de violación. Estaba embarazada de cuatro meses. Los cuatro estuvieron secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Hoy comenzará el juicio en el que juzgarán por primera vez –a excepción del juicio a las Juntas– los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención. No estarán en el banquillo todos los miembros del grupo de tareas que respondía al dictador Emilio Eduardo Massera, sino sólo uno de sus integrantes. El acusado es el prefecto Héctor Febres.

El represor ingresará a la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py y se sentará al lado de su abogado, el defensor oficial Víctor Valle. Allí tendrá que escuchar la lectura del pedido de elevación a juicio donde se detallan los hechos por los que está acusado. Luego, el tribunal, que integran los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, le preguntará si quiere declarar. Si ningún suceso de último momento se interpone, así comenzará el proceso contra Febres.

La suspensión del juicio, de hecho, fue una posibilidad hasta ayer. El pedido lo realizó la fiscal Mirna Goransky, quien se opuso a que se llevara adelante un proceso solo por un acusado y cuatro víctimas. El reclamo llegó a la Corte Suprema, pero no prosperó. Goransky había argumentado que este juicio constituía una exposición exagerada para los testigos y se quejó porque el tribunal oral intentó hacerlo lo más pequeño posible, lo que hace más difícil dar cuenta del plan sistemático de exterminio organizado por la última dictadura. Algo parecido dirán algunos abogados de la querella en un comunicado que distribuirán antes de que Febres entre a la sala. “No es el juicio que queremos”, dijo a Página/12 Liliana Mazea, una de las representantes de Lordkipanidse.

Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y representante de García y Margari, también es crítico de lo que llamó un “juicio mutilado” pero aseguró que “este Estado no garantiza la continuidad de los juicios y si no hacemos éste ahora tendríamos que esperar otros dos años, siendo optimistas”.

Febres nació el 10 de septiembre de 1941 y fue integrante del sector de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA desde 1977 hasta fines de 1981. Miembro de la Prefectura Naval Argentina, también está preso en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, ya que fue identificado como el encargado del “ajuar” de las desaparecidas embarazadas. En el centro clandestino de detención era conocido como “gordo Daniel”, “Orlando” o “Selva”. “Le decían Selva porque era todos los animales juntos”, recodó Lordkipanidse. Alfredo Astiz, en cambio, era “El Cuervo”; Jorge Acosta, “El Tigre”; Jorge Perrén, “El Puma”.

El del prefecto será el cuatro juicio oral y público después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hasta ahora fueron condenados Julio Simón, un represor del centro clandestino El Olimpo (por el mismo tribunal que juzgará a Febres); Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense, y Christian von Wernich, ex capellán de esa fuerza.

Antes de fin de año debería conocerse, además, la condena del juicio contra diez represores por el secuestro de personas que regresaron al país en el marco de la operación de Contraofensiva de la agrupación Montoneros. Ese proceso –que se rige por el viejo código de procedimiento escrito– es el primero que involucra a miembros del Ejército, específicamente a la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601.

Febres, si bien no es marino, será, por el momento, el representante de la ESMA en el banquillo. Después de la audiencia de hoy, el juicio en su contra seguirá con la declaración de los cuatro ex detenidos por cuyos secuestros está siendo juzgado. Está previsto que se escuchen alrededor de 50 testimonios, la mayoría de víctimas del terrorismo de Estado. La defensa solicitó doce testigos, pero cinco fueron desestimados porque se trataba de personas que estaban imputadas en otras causas. El proceso –en el que el represor podría ser condenado hasta a veinticinco años de prisión– seguirá hasta fines de noviembre. Los primeros días de diciembre podría escucharse el veredicto.