El primer condenado por las muertes durante los saqueos de diciembre de 2001 podrá gozar en breve de la libertad porque la Justicia le concedió el arresto domiciliario “con monitoreo electrónico”. El empresario Luis Mazzi, que en marzo del año pasado recibió una condena a quince años de cárcel por el asesinato de Ariel Salas, podrá irse a su casa con la condición de lucir una pulsera que controlará sus movimientos. Los familiares de las víctimas repudiaron la decisión, aunque aún no se hará efectiva porque hay un número limitado de pulseras y Mazzi entró en lista de espera. “La familia está muy mal y nosotros también, luego de tanta pelea esto es un golpe muy duro”, le dijo a Página/12 Paula Squassi, la abogada que representó a los Salas en el juicio.

En realidad, Mazzi gozó del beneficio del arresto domiciliario durante los cinco años que duró el proceso, a pesar de haber estado prófugo, e incluso se iba de vacaciones, según la letrada. Poco antes del juicio, ella y su socio Alejandro Bois habían logrado que lo encarcelaran. Tras la condena a quince años que dispuso el Tribunal Oral 3 de La Matanza, permaneció detenido en la cárcel de Campana y en esa situación permanece mientras la Cámara de Casación analiza la apelación que presentó.

El uso de la pulsera electrónica está previsto para procesados (ver aparte). Como la sentencia de Mazzi no está firme, su caso entra en esa categoría. La Cámara de Garantías y Apelaciones de La Matanza decidió que la “buena conducta” del empresario en prisión ameritaba dejarlo cumplir en su casa los cuatro años que le quedan de condena, lo que se denomina “morigeración” de la pena. “Tenemos pibes que están con cinco años por robo simple y en esa Cámara no les dan el beneficio, no se lo dan a nadie”, comentó Squassi.

El Tano Mazzi es dueño de siete locales ubicados en Cristianía y Maciel, del barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita. A las siete de la tarde del 19 de diciembre de 2001 empezó a los tiros, con su custodio, el ex agente de Prefectura Bernardo Joulie y otros tres comerciantes. Se habían enterado de los saqueos y fueron en un colectivo a buscar armas de todo tipo de calibre. Mazzi usó una Itaka y su guardaespaldas el arma de puño, una pistola 9 milímetros. El cuerpo sin vida de Damián Ramírez cayó a los pies de su mamá Raquel y de su hermana Rosana. Tenía un balazo a la altura de la oreja. En el juicio, sus abogados defensores adujeron que actuaron en “legítima defensa” ante la “actitud ilícita de los saqueadores” y de “los que no saqueaban que estaban apoyándolos”. Pero los jueces consideraron que Ramírez –un adolescente de 14 años que cursaba el octavo grado de la EGB– no tenía palos ni piedras y que “estaba curioseando” junto a las demás personas.

Ariel Salas –30 años, empleado en una joyería de Almagro– había podido salir antes de su trabajo porque el dueño lo autorizó, dado el estado de rebelión popular y represión policial que se vivía aquella jornada que marcó el sangriento final del gobierno de la Alianza. Lo mataron de un escopetazo en el mismo lugar que a Ramírez, cuando bajaba del colectivo 180.

“¡Asesinos, asesinos!”, estalló la bronca de los familiares en la sala de audiencias del Tribunal Oral. Era el 12 de marzo de 2007 y habían esperado el veredicto con ansiedad contenida, tomados de las manos. En los pasillos y en la calle se sucedieron incidentes por la misma indignación. Pero más allá del descontento, los abogados de las familias coincidieron en rescatar que el fallo no convalidó la “legítima defensa” ni el accionar de cualquier parapolicial o persona que se arme en defensa de sus bienes. La sentencia, que contuvo citas del historiador Eric Hobsbawm, indicó que las víctimas “ni saqueaban ni apoyaban a los saqueadores” y hubo, además, una “escandalosa desproporción” entre la amenaza invocada y la reacción de los agresores.

El fallo determinó que Mazzi fue el autor de la muerte de Salas, mientras que Joulie fue encontrado culpable por la de Ramírez, aunque obtuvo una pena inferior (seis años), dado que el delito que le adjudicaron fue homicidio “en riña”. En ese momento Mazzi tenía que esperar cinco años y medio para estar en condiciones de pedir la libertad condicional y, probablemente, ese cálculo haya encendido la ira de los familiares, que reclamaban una pena mayor. Ahora el empresario logró acelerar esos tiempos, provocándoles aún más desconsuelo.