Para intentar aliviar la superpoblación carcelaria, en 1997 se implementó el mecanismo de libertad con monitoreo electrónico para los procesados sin condena. En este momento hay unos 350 equipos funcionando, que son controlados por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), la misma cantidad de presos que hay en una cárcel mediana. La gestión anterior en el Ministerio de Justicia bonaerense tenía previsto licitar otras 500 pulseras. El SPP ejerce el control pero el otorgamiento de la pulsera o tobillera magnética es atribución de cada juzgado, que concede el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo si el preso que lo requiere tiene buena conducta y cometió un delito menor. En el caso de Mazzi le alcanzó con haberse portado bien en la cárcel.

Una vez aprobado el uso del dispositivo, que es de plástico negro y hierro, los procesados deben poseer un teléfono de línea y alguien que los albergue. Con el aparato ya puesto en alguna de sus extremidades, no se pueden mover a más de 20 metros de la vivienda si no quieren hacer sonar la alarma de la central, que está conectada con el SPP. Si esto ocurre, el servicio llama al domicilio para verificar lo ocurrido y, si el preso no responde, lo va a buscar con un móvil. Según una fuente del ministerio, las violaciones del sistema rondan el 7 por ciento. “No es difícil sacársela, el sistema depende del grado de confianza”, comentó. Esta “confianza” también la aplican para autorizar horarios en los que el procesado puede ir a trabajar, a la escuela o a buscar a sus hijos sin necesidad de llevar la pulsera/tobillera puesta.

El cupo limitado hizo que los aspirantes se ubiquen en lista de espera, como le pasó al ex custodio de Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, que tenía el número 50. Por ahora, Luis Mazzi, primer condenado por la violencia de diciembre de 2001, también tendrá que esperar que otros presos obtengan la libertad, se evadan o fallezcan.