Cinco comisarios retirados de la policía de Mendoza que el gobernador Celso Jaque incorporó en cargos estratégicos del Ministerio de Seguridad tomaron cursos “contrasubversivos” durante la última dictadura. El subsecretario Carlos Rico también los impartió. Entre sus alumnos sobresalió Eduardo Smaha, preso por secuestrar, torturar y desaparecer al poeta y militante montonero Paco Urondo. Mientras los organismos de derechos humanos locales y el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja mendocina, Ricardo Puga, solicitaron la destitución de los cinco agentes adoctrinados para “erradicar a la delincuencia subversiva”, el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la remoción de Rico y de Aníbal Gómez, director de Logística, porque “carecen de las condiciones éticas y profesionales exigibles para ocupar un cargo público en el Estado”.

A poco de asumir como ministro, el demócrata Juan Aguinaga incorporó a nueve comisarios pasados a retiro en 1997, tras un levantamiento contra el gobierno de Arturo Lafalla. Los organismos de derechos humanos denunciaron entonces que Rico había formado parte del Grupo Especial ’78, creado con fines “antisubversivos”, y Gómez del Departamento 2 Inteligencia. Ante las evidencias y el pedido de explicaciones generalizado, Rico blanqueó su legajo. Allí consta que después de formarse en el Curso de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal impartió a sus camaradas la materia “Plan de actividades teóricas y prácticas de la subversión”. La meta de la instrucción era coordinar “la erradicación de la delincuencia subversiva”. Rico juró que su rol fue “instructivo, no operativo”.

Cuando la Comisión de Derechos y Garantías recibió los legajos de los comisarios constató que no era un caso aislado. También Gómez, Raúl Vega, Vicente y Pedro Chacón formaron parte del CIC. El último fue denunciado días pasados como director de Inteligencia Criminal, por ordenar tareas de espionaje ilegal sobre obreros de la empresa TAC y militantes del Partido Obrero. Aguinaga lo removió del cargo pero no lo echó.

Miembros de la Asociación de Ex Presos Políticos mendocina manifestaron ayer sus sospechas de que Rico pueda ser la misma persona que los interrogaba en cautiverio con el alias de El Porteño. “Tenía una dicción muy similar a la del subsecretario”, consideró Fernando Rule.

El CELS recordó que en el D2, donde actuó Gómez, funcionó el principal centro clandestino de Mendoza. “Mientras la inocencia en materia criminal es un presupuesto que sólo puede ser desvirtuado por pruebas en contrario, la idoneidad para ejercer cargos públicos es algo que la administración y el mismo funcionario deben acreditar”, le recordó al gobernador.

El CELS también solicitó al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, la normativa en que se fundamentó el CIC de la Policía Federal, la nómina de instructores y de agentes federales y provinciales que pasaron por sus filas. Y requirió al coordinador del programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín que evalúe posibles implicancias de las designaciones de Aguinaga en las causas de lesa humanidad radicadas en Mendoza y los eventuales riesgos para sus impulsores. El organismo destacó que 12 de los 17 represores procesados en Mendoza por delitos de lesa humanidad pertenecen a la policía provincial.