El Gobierno modificó ayer por decreto el régimen de importación de los vehículos con franquicia diplomática de manera tal de terminar con la controvertida “nacionalización” que les permitía a los funcionarios de las embajadas extranjeras vender en el mercado autos de lujo a un precio muy conveniente. En paralelo, la Cancillería estudia la manera de dar de baja los acuerdos especiales firmados con Uruguay, Bolivia, Ecuador y Chile que permitían acortar aún más los plazos de los trámites de importación y nacionalización de los vehículos, ya de por sí bastante laxos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer el decreto durante una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el canciller Jorge Taiana. “Estamos dando un cambio enorme, claro y definido, merced al buen trabajo que el canciller y su equipo han hecho”, fue el autoelogio que dedicó al Gobierno Alberto Fernández en la conferencia de prensa que dieron para explicar los cambios.

El nuevo régimen, que modifica el que estaba vigente desde 1970, permitirá que cada diplomático importe un vehículo para su uso que –obligatoriamente– deberá salir de una lista de vehículos, donde no figuran ni camionetas todoterreno, ni coupés deportivas. En eso no hay muchas diferencias con lo que venía sucediendo hasta ahora, siendo un beneficio enmarcado en lo establecido por la Convención de Viena sobre usos diplomáticos. Claro que en el caso argentino el beneficio se había deformado de manera tal que los vehículos que más ingresaban eran las cuatro por cuatro Hummer, y lujosos modelos de Ferrari, Lamborghini y Porsche, notoriamente inadecuados para el circunspecto uso diplomático.

Lo que cambió desde ayer es que si los diplomáticos luego quieren nacionalizar el auto para venderlo en la Argentina deberán pagar todos los impuestos de los que fueron exceptuados al momento de importarlo. Se calcula que esos impuestos son de alrededor del 58 por ciento del valor del rodado.

“A partir de ahora todas las personas que quieran transformar un vehículo extranjero, que tiene placa diplomática, en un vehículo normal, argentino, con placas argentinas y que pueda venderse en la Argentina, deberá pagar todos los impuestos que pagan todos los argentinos”, anunció Taiana. “Está perfectamente claro que las necesidades diplomáticas pueden reclamar que personal diplomático en la Argentina puedan tener el derecho a su propio auto, a importarlo. Lo que no tiene derecho, entendemos nosotros, es a ingresarlo al sistema nacional en condiciones de privilegio del que no gozan el resto de los argentinos”, explicó Fernández.

De esta manera, quedó derogado el régimen –que tampoco era respetado en muchas de las maniobras que ahora investiga la Justicia– que permitía a los funcionarios extranjeros patentar el vehículo como argentino al año de instalado en el país o a los nueve meses de la importación del rodado.

El mismo decreto estableció que deberá realizarse un reempadronamiento de los vehículos diplomáticos en uso, que se calculan en unos 1500.

Por otro lado, en la Cancillería iniciaron conversaciones con las cancillerías de Uruguay, Chile, Bolivia y Ecuador para derogar –en lo posible de mutuo consentimiento– los acuerdos especiales que existen con esos países que permitían un sistema todavía más laxo de importación y nacionalización.