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El encuentro de la Presidenta con la cúpula de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) fue posterior y bien diferente al que mantuvo con el de la Confederación General del Trabajo (CGT). El orden cronológico es también de preferencias, no sólo legales. Más adelante, se irá dilucidando qué significan otras diferencias mutuas de trato. El cónclave con la CGT fue entre amigable y empalagoso, poblado de alabanzas (y olvidos) mutuos. La reunión de ayer según el Gobierno fue “áspera”, “dura y franca” para la CTA. El Indec, el “modelo”, la conflictividad docente, el reconocimiento de la personería gremial, la influencia (o no) de presión de grandes grupos económicos sobre decisiones del Gobierno fueron varios de los puntos ríspidos de una discusión que duró casi dos horas (ver nota central).

“No esperábamos que nos otorgaran la personería hoy pero sí un trato mejor”, sinceró el secretario adjunto Pablo Micheli a la salida del encuentro. En la lectura de la CTA lo más positivo fue que se acordaron “canales de interlocución” en líneas generales y en especial respecto del Indec.

La personería gremial, pues, seguirá en el freezer. Todos lo venían sabiendo, pero sigue siendo una mala noticia. “Si no lo hizo Kirchner”... comentan de ambos lados de la larga y áspera mesa tendida ayer a la noche.

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Recuerdos del presente: “Presidente, la personería la tiene que reconocer usted, antes de irse. A Cristina le va a quedar menos margen”, le dijo el secretario general Hugo Yasky a Néstor Kirchner un tiempito antes del fin de su mandato, narran testigos irrefutables. Pasadas las elecciones, en la cómoda transición, Kirchner dispondría de margen para aprobar una asignatura pendiente y alisarle la cancha a su sucesora. Kirchner pasó por alto el consejo. Hoy día, sabido era de antemano, la Presidenta tiene menos juego para hacer lo debido.

La negativa a reconocer personería a la CTA es una concesión del Gobierno a uno de sus aliados principales, una ofrenda en el altar de la CGT.

En el Gobierno son mayoría los funcionarios importantes que asumen, en la intimidad, que el fundamento de la negativa es sustancialmente político y que no hay buenos motivos legales para prorrogarla. En soledad, discurre distinto Julio De Vido, un peronista entre clásico y arcaico en su discurso.

Pero, como sucedió tras el diálogo entre Yasky y Kirchner, prima en el oficialismo la idea que signó la reacción de éste: nunca es el momento debido. Cristina Fernández les aseguró a sus visitantes que el tema es puramente legal, que depende de que se decida el longevo expediente que tramita en Trabajo. Todos los contertulios de ayer saben que no es así.

La gobernabilidad del primer tramo de la gestión de Cristina Kirchner depende de cómo se encarrile en los próximos meses la puja distributiva institucionalizada. Los trabajadores argentinos, merced a su tradición sindical y de lucha, tienen conciencia de sus derechos y no se chupan el dedo. Por lo tanto, ningún laburante sindicalizado cree en los índices oficiales y no admitiría que sus dirigentes cerraran una paritaria por menos del doble de aumento de la inflación dibujada por el Indec, para empezar. Para mantener su representatividad y su poder político, los líderes cegetistas deberán hacer equilibrio entre los reclamos de sus bases y los de gobernabilidad que le formula el oficialismo. Para que se esmeren en ese cometido, el Gobierno le concederá muchas cosas, entre ellas el mantenimiento del statu quo en el tema que nos ocupa.

El primer semestre pasará engarzando las convenciones más relevantes y culminando en la convocatoria al Consejo del Salario, una secuencia que inauguró la gestión de Néstor Kirchner y que será reprisada por una administración por ahora muy refractaria a la novedad. Hasta que se cierre ese ciclo, momento que coincidirá, más o menos, con la Asamblea anual de la OIT.

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El verano en Ginebra: En junio llegará la Asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que acumula reclamos contra Argentina por su irregular régimen de asociaciones profesionales, que lo distancia de los “países normales” que los Kirchner suelen ambicionar en sus discursos.

Las reprimendas de la OIT al Gobierno se repetirán y es verosímil que incordien en mayor medida a Cristina (más afecta a intervenir en cónclaves internacionales) que a su esposo. De cualquier manera, señalan funcionarios de Trabajo baqueanos en Ginebra, las observaciones o sanciones no pueden llegar muy lejos. Y enumeran avances de la etapa: la performance de Argentina desde 2003 es más que buena: hay convenciones colectivas (más de mil el año pasado), una tasa de afiliación baja para las marcas locales de hace décadas pero alta comparada con otros países, miles de sindicatos y standards de libertad más parecidos a los del primer mundo que a los de la mayoría de los países emergentes.

Todo indica que el Gobierno apurará ese mal trago, al que ya está habituado, sin novedad en el frente.

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Sinrazones: “En el fondo no les conviene”, musitan algunos conocedores oficiales del espinel “la CTA está muy dividida, la bandera de la personería la unifica, es una consigna común. Cuando se concrete, se acentuarán sus tensiones”.

Otros explican el recurrente cajoneo en una seguidilla de enojos del momento, reacciones de la mesa chica ante declaraciones o movilizaciones de la central alternativa o de alguno de sus cuadros.

El primer argumento tiene un tinte paternalista, el segundo confunde un derecho republicano (retaceado a millones de trabajadores, no sólo a sus líderes) con una gracia, supeditada a la discrecionalidad del gobernante.

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Transiciones: La reunión de ayer (aún con sus encontronazos), la incorporación de la CTA al directorio del PAMI y al Consejo del Salario, el trato de su dirigencia con el Gobierno por canales formales e informales comprueban que la central alternativa ha tenido reconocimientos y avances con el kirchnerismo. Sus dos gobiernos la tratan mejor que los precedentes pero no cumplen con todas las de la ley, lo que podría justificar la trillada imagen del vaso medio vacío o medio lleno.

Al mismo tiempo, la emergencia del kirchnerismo suscitó al interior de la CTA una crisis identitaria y de pertenencia similar a la acontecida en partidos de centro izquierda u organismos de derechos humanos, muy aquerenciados en la oposición pura y dura desde los 90 y, quizá, desde el ’83. En la CTA conviven oficialistas confesos, opositores convencidos tanto como militantes, cuadros y organizaciones en permanente debate y realineamiento.

Los severos modos de Cristina Kirchner en su encuentro inaugural seguramente azuzarán esas polémicas.

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Lo que viene y lo que sigue lejos: “Esta reunión deja como saldo la posibilidad de abrir una serie de canales” y “la presidenta reconoció a la CTA aún en las diferencias que podemos tener de enfoque” fue el saldo más positivo que recuperó Yasky en la propia Casa de Gobierno. La CTA es un interlocutor y tiene una presencia pública, conquista que en alguna medida se fue pactando con este gobierno. Las diferencias son sensibles, aunque las puertas de la Rosada y de Trabajo están abiertas, según se expresó y se graficó ayer.

Claro que la deuda que Kirchner no honró en su mandato sigue pendiente. Y aunque ayer no se haya franqueado del todo, la Presidenta la mantendrá en moratoria, por un plazo que (da la impresión) será muy largo.