La saga del colegio La Salle tuvo un final inesperadamente manso y tranquilo. Los hermanos de la orden ayer anunciaron oficialmente que el edificio no será hotel ni será remodelado, la vicaría encargada de educación en la Iglesia Católica reforzó el anuncio y toda oposición al proyecto de catalogar el colegio histórico se esfumó. La razón de tanta flexibilidad no es un súbito ataque de conciencia patrimonialista de alguna de las partes sino la insistencia del oficialismo macrista en dar una “garantía” de que la ciudad sostenga “la actividad educativa del La Salle”. En buen romance, y aunque lo niegan, el PRO anunció como mínimo un subsidio a los hermanos, que se quedaron sin negocio hotelero.

El colegio La Salle es parte de un polo de edificios simbólicos construidos a fines del siglo diecinueve para darle a Buenos Aires sus “palacios”. El conjunto incluye al palacio Pizzurno, frente a la plaza Rodríguez Peña; al bellísimo edificio de Obras Sanitarias que toma la manzana entera de Córdoba, Riobamba, Viamonte y Ayacucho, y al Normal que toma entera la manzana de enfrente, sobre Córdoba. En esos tiempos nacía la Argentina próspera que se daba una cara institucional y estaba de moda construir a lo grande. Los hermanos de La Salle también participaron de esta idea y construyeron algunos de los colegios más lujosos, grandes y bonitos de su época. El de la esquina de Riobamba, justo atrás de Obras Sanitarias, fue de los más exitosos dentro de ese programa.

Pero un siglo largo después, la economía de los colegios privados no es lo que era y los grandes palacios requieren un esfuerzo de imaginación para ser preservados y mantenidos. No fue lo que se encontraron los ex alumnos del La Salle cuando fueron convocados por los hermanos de la orden para ver el proyecto hotelero que tomaría el edificio histórico. Hace tiempo, ya sabían los ex alumnos, que el colegio funcionaba fundamentalmente en el nuevo edificio sobre la calle Ayacucho, que en términos de arquitectura es una vergüenza apenas utilitaria. Cuando los ex estudiantes vieron el “proyecto de puesta en valor” del estudio Polizzi-Soldini reaccionaron con un estremecimiento: el patio cubierto con un techo semitransparente, extrañas esculturas metálicas, excavaciones subterráneas para ganar metros, volúmenes vidriados asomando sobre las fachadas originales.

La reacción fue inmediata y drástica. La diputada Teresa de Anchorena, que preside la Comisión de Patrimonio de la Legislatura porteña le recordó al Ejecutivo que ya el 16 de octubre había presentado un proyecto de catalogación del edificio. Como explicó a Página/12 su jefe de asesores, Facundo de Almeida, según reciente jurisprudencia de la justicia porteña, un edificio en trámite de catalogación no puede ser tocado hasta que se resuelva, por sí o por no, si se lo protege. El Ejecutivo se apresuró a aclarar que no se había autorizado ninguna obra en el La Salle, pese a que los hermanos decían que tenían permiso del Consejo del Plan Ambiental Urbano, un ente que no tiene la menor ingerencia en estas cosas y que dejó la intriga de por qué se metió a opinar.

Pero el macrismo en el poder hizo más que anunciar que no había infringido las leyes vigentes. El mismo jefe de Gobierno, en reunión de gabinete, le ordenó al vicepresidente primero de la Legislatura y líder de su bancada, Diego Santilli, que convocase a una reunión extraordinaria y en pleno verano para que los legisladores trataran de urgencia la catalogación del La Salle. Como en estos casos sólo el oficialismo puede determinar el temario a tratar, Santilli agregó otros temas caros a su jefe político, como se informa en nota aparte.

Tanta urgencia demuestra el rango del tema patrimonial en la agenda política actual y también el status de “quemado con leche” que tiene el macrismo luego de los escándalos en el área cultural que le amargaron la transición, como el del renunciado candidato a ministro Luis Rodríguez Felder. Pero de inmediato quedó en claro que el oficialismo quería que se tratara en el recinto un proyecto propio y no el ya presentado en la Comisión de Patrimonio. El macrismo trató a una velocidad notable el tema en las comisiones que corresponden, pero insistiendo en agregar un artículo al proyecto circulante, uno que obligara a la ciudad a “garantizar” la actividad docente en el La Salle.

Si esto suena a promesas materiales, de subsidio o más, es porque el verbo “garantizar” es más que fuerte en una ley. Los macristas juran en los pasillos y las reuniones de comisión de la Legislatura que se trata de algo “meramente declaratorio”. Para la oposición, el tema suena a “una estatización del colegio”, como sintetizó una fuente. La Iglesia parece creer lo mismo, ya que ayer, horas antes de la sesión, los hermanos lasallianos se presentaron ante la Dirección General que concede permisos de obra para desistir formalmente del proyecto hotelero, y la vicaría encargada de Educación del Arzobispado anunció que habrá 4000 metros cuadrados en el edificio histórico que serán usados en el famoso proyecto educativo.

Anoche, tarde y con una gran cantidad de ex alumnos del colegio en el recinto, la Legislatura aprobó la catalogación del La Salle. Fue finalmente un voto unánime, de cincuenta a cero en lo general y con la disidencia parcial del bloque de Aníbal Ibarra en lo particular. Resulta que el ibarrismo –que bien podría haber catalogado el colegio cuando estaba en el poder– quería que le ley lo destinara exclusivamente al uso educativo. Para sacar el trámite, el macrismo votó el proyecto original: la “garantía” a la Iglesia queda para una ley aparte, ya presentada y que en breve tendrá que ser tratada en la Comisión de Educación.