Graciela tenía 23 años e iba a ser madre; Liliana, 20 recién cumplidos y ya cantaba. Juntas tocaban piano y guitarra, y componían canciones. El 2 de octubre de 1975 una patota arrancó a la mayor de las hermanas Pane de su casa en Sarandí y a los dos días fue asesinada. La foto de su cuerpo torturado aparecido en los bosques de Ezeiza fue publicada por los diarios, y al día siguiente el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a la que concurría Graciela, hizo un discurso en el que exaltó la acción “pacificadora” de la “misión Ivanissevich”, y alertó que los estudiantes que no lo comprendieran así “sufrirán las consecuencias”. Liliana Pane se convirtió en la cantante Lina Avellaneda y hoy insistirá en buscar justicia para su hermana en el marco de la causa por los crímenes de la Triple A, con el apoyo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“Mi mamá me pregunta todos los días qué novedades hay, pero no sé qué decirle porque los jueces no tienen plazos para expedirse”, dijo a Página/12 en alusión a los camaristas federales que tienen que definir si los delitos de la Triple A son de lesa humanidad o no, decisión que mantiene trabado el expediente 6511 “López Rega, José/asociación ilícita”.

A más de treinta y dos años del crimen, a catorce meses de pedir la inclusión del caso en la causa Triple A, los familiares y querellantes de Graciela Pane aportarán hoy pruebas en Tribunales sobre la responsabilidad de las autoridades de la Regional Avellaneda de la UTN en el asesinato. También reclamarán que la Cámara Federal porteña rechace la pretensión de los represores –con Rodolfo Almirón, ex ladero de López Rega, a la cabeza– de que la causa sea anulada por prescripción, “como si el asesinato de cerca de mil compañeros por bandas armadas y amparadas por el gobierno de Isabel no fueran crímenes de ‘lesa humanidad’”, dijo José Schulman, de la Liga. En la sede de ese organismo de derechos humanos darán hoy a las 11.30 una conferencia de prensa Lina Avellaneda, los abogados de la querella en la causa Triple A y dirigentes del Centro de Estudiantes de la Regional Avellaneda de la UTN de aquella época y de hoy.

Graciela Pane estudiaba Biología en la UTN, era dirigente estudiantil y militaba en la Federación Juvenil Comunista. Había recibido amenazas de muerte por parte de los matones del decanato, al igual que su hermana, que trabajaba en un quiosco del centro de estudiantes. A pesar de que el caso está paralizado hasta que la Cámara se expida, los querellantes siguieron aportando pruebas y pidiendo medidas. En su denuncia, Lina Avellaneda explicó que tanto ella como su hermana recibieron “amenazas de muerte en los días anteriores al 2 de octubre de 1975, de parte de un individuo conocido como Carlos Alberto Polo, quien presumiblemente se desempeñaba como jefe de Seguridad de la UTN de Avellaneda, y también por parte del propio rector de la referida universidad, Agustín Monteagudo, y su colaborador Raúl Bronzzini”. Estos fueron denunciados penalmente en aquel momento ante el Juzgado Nº 5 de Lomas de Zamora, a cargo de Mario Moldes.

Por la vinculación entre esas intimidaciones y el posterior secuestro y asesinato de Graciela Pane pedirán que estas personas sean llamadas a declaración indagatoria. Y ofrecerán los testimonios de Florentino Narváez, dirigente del centro de estudiantes que fue detenido junto con Graciela por la policía bonaerense días antes de su asesinato, y del actual decano de la UTN de Avellaneda, Jorge Omar Del Gener. Por esos días, las noticias sobre los asesinatos de la Triple A aparecían en los medios, por lo que este hecho tuvo repercusión nacional y a nivel local, en Avellaneda, donde el Concejo Deliberante se solidarizó con la familia Pane.

Lina Avellaneda sabe que es poco objetiva cuando dice que su hermana “era brillante, muy especial, escribía muy bien y estaba adelantada en algunas cuestiones a su época”, pero poco importa. La cantante cree que hubo “un pacto por el cual no se investiga lo ocurrido antes de 1976”, y sostiene que “al peronismo no lo perjudicaría sino que lo engrandecería reconocer que también tuvieron ese costado conservador de lo peor, de derecha”. Pero la desaniman unos carteles que vio con la leyenda “con el peronismo no se jode”. Ahora devenida nuevamente en denunciante (apenas secuestraron a su hermana acudió ante la Justicia junto a sus padres, pero nunca obtuvo ninguna respuesta), y por primera vez con su nombre artístico, Avellaneda afirma que “hay mucho por hacer sobre la responsabilidad de los civiles, pero hace falta voluntad política del Gobierno para investigarla”. Sabe que quizá no llegue a los autores materiales, “esas bestias salvajes y drogadas que entraron a casa de mis padres”, pero aún considera posible avanzar sobre las responsabilidades de escritorio y la red de encubrimiento. El capítulo universitario es una parte de esa deuda.