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“Es como matar al mensajero”, opinaron los abogados del corresponsal del diario británico Financial Times (FT) al concretar una presentación ante el juez Claudio Bonadío para impedir que investigue sus llamadas telefónicas, en la causa del nuevo escándalo de coimas en el Senado. Página/12 publicó ayer que los investigadores evaluaban pedir un listado de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos del periodista Thomas Catán. Ante la posibilidad de que el magistrado concrete esa medida, Catán advirtió que se violaría el derecho constitucional a proteger el secreto de las fuentes así como la libertad de prensa. El fiscal Guillermo Marijuán no solicitó la nómina pero este diario pudo saber que en el juzgado de Bonadío estudiaban el tema. Expertos consultados por Página/12 se mostraron alarmados porque la iniciativa implica “investigar al testigo”, además de destacar su inconstitucionalidad.
Todo empezó con el artículo aparecido el 30 de agosto en el que el corresponsal relató una reunión realizada el 16 de ese mes entre banqueros extranjeros y los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos. En ese encuentro los banqueros se quejaron por el conjunto de leyes que habían obtenido media sanción en el Senado y denunciaron haber recibido un pedido de coimas por parte de legisladores para frenar una de ellas. El hecho motivó la apertura de una causa penal en la que Catán declaró el martes como testigo. En esa oportunidad preservó la identidad de sus fuentes, lo cual fue respetado por sus interrogadores. Sin embargo, le pidieron los números de teléfono que utiliza para el desempeño de su profesión y para sus asuntos personales. “Se estaría haciendo ingresar por la ventana lo que no puede entrar por la puerta”, razonó el periodista. Al tomar conocimiento de la posibilidad de que los investigadores pidieran un listado de sus llamadas se presentó en Tribunales nuevamente.
“Vamos a pelear esto porque es una cuestión de principios que afecta a la libertad de prensa”, expresó Catán a Página/12. En el escrito presentado en el juzgado de Bonadío precisó que “si se permitiera llevar a cabo la medida se estaría enviando un claro mensaje desde el sistema de Justicia hacia quienes ejercemos la profesión de periodistas para que evitemos la publicación de hechos de corrupción pública, lo cual equivale a restringir el derecho a la libertad de información y afecta la base misma del sistema republicano de gobierno”. El texto recordó que el artículo 43 de la Constitución establece que “no podrá afectarse el secreto a las fuentes de información periodística”. Y agregó que “una medida coercitiva como la que se pretendería dictar (o se ha dictado) se encuentra prevista en la ley procesal argentina sólo respecto de los imputados en causas penales, y entiendo que estoy lejos de ser considerado imputado en el marco de una investigación que se inició gracias a mi aporte”. Tras manifestar su oposición a la medida precisó que, de haberse ya dictado, se determine su nulidad y se ordene la destrucción de los listados de las llamadas.
El abogado Hugo Wortman Jofré, que representa a Catán, opinó que “en lugar de optimizar los mecanismos de investigación no se les ocurre ninguna otra idea para avanzar en la causa más allá de esta medida coercitiva”. El letrado adelantó que, de concretarse, presentará un recurso de amparo para que la justicia civil “haga valer la garantía constitucional vulnerada”. Fuentes de la fiscalía consultadas por Página/12 indicaron que Marijuán no pidió el listado de llamadas, y aunque admitieron que evaluaron la idea aclararon que la consideraban como una “última opción porque encontraron una vía más efectiva para avanzar”.
El abogado Damián Loreti, director de la Carrera de Comunicación de la UBA, recordó que “la Constitución garantiza la indemnidad de las fuentes y esto implica que, más allá de derecho que tiene el periodista a negarse a revelar su identidad, hay un deber de lealtad con quienes le brindan información”. Por su parte, el penalista Raúl Zaffaroni expresó que “investigar al testigo desequilibra todos los conceptos, es una situacióninédita”. Y agregó que “el periodista tiene derecho al secreto profesional igual que el médico o el abogado, y si se investigan las llamadas violan ese derecho porque sólo se puede invadir un ámbito de privacidad si esa persona está sospechada de haber cometido algún delito”.