El Gobierno analiza distintas opciones para corregir uno de los aspectos de las retenciones móviles y para facilitar el acceso de los pequeños productores al cobro de reintegros. Son medidas que se trabajan en la Jefatura de Gabinete, en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, la decisión política de con cuál avanzar y en qué momento la tomará la presidenta Cristina Fernández con la mesa chica. Las versiones sobre el contenido de las resoluciones y el momento en que serían lanzadas fueron cambiando ayer a lo largo del día. Primero se dijo que se anunciarían anoche, luego trascendió que serían publicadas hoy en el Boletín Oficial, después se afirmó que se comunicarían esta tarde y, ya con la confirmación de las corporaciones agropecuarias de que vuelven al lockout, trascendió que el Gobierno podría esperar.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó que se atenuaría el impacto de las retenciones cuando el precio de la soja supere los 600 dólares la tonelada. En la resolución tal como está vigente hasta la fecha, el Estado retendrá el 95 por ciento de cada dólar que supere ese nivel. Eso equivale a la virtual fijación de un techo para los ingresos de los productores y un obstáculo para el funcionamiento de los mercados a futuro. No obstante, no existe la urgencia que declaman los ruralistas, ya que la soja cotiza actualmente a 463 dólares la tonelada y falta bastante para llegar a los 600 dólares, si es que en algún momento se alcanza ese precio.

Capitanich sugirió que el Gobierno ya no se quedaría con el 95 por ciento de cada dólar sobre los 600 dólares, sino que atenuaría la curva. Lo indicó en la conferencia de prensa que siguió a la reunión de la conducción del justicialismo. También dijo que se buscaría facilitar el cobro de reintegros para los productores que cosechan hasta 500 toneladas de soja y girasol, así como el acceso al subsidio al flete.

Sin embargo, el Gobierno no elevaría esos parámetros para acceder a las compensaciones, sino que a lo sumo flexibilizaría algunos trámites, según dijeron fuentes oficiales a Página/12. Las medidas buscarían dejar sin argumentos a los ruralistas, ya que atienden algunas de sus demandas iniciales, como excluir a los pequeños productores del aumento de retenciones y resolver la situación de los mercados a futuro. Pero la Presidenta resolverá en qué momento se darán a conocer. “No son medidas unilaterales. Plantearlo así es un error. El Gobierno toma acciones en ejercicio de la función pública. Las cámaras ruralistas no son contraparte”, plantearon desde el Ejecutivo.

Hasta el momento hubo 249 productores que se presentaron ante la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) para pedir reintegros por exportaciones. Sólo el 25 por ciento cumplía con todos los requisitos. El 36 por ciento de las solicitudes es de productores cuyos códigos de actividad no cumplen con lo solicitado, mientras que el 39 por ciento restante fue rechazado por pertenecer a monotributistas –que no están incluidos en el beneficio– o bien por presentar errores de ingreso de las declaraciones juradas de CUIT o de razones sociales inválidas o por no estar anotados en el Registro Fiscal de Operadores de Granos.

El presidente de la Oncca, Ricardo Echegaray, remarcó que para recibir las compensaciones se exige como “condición inalienable” que los productores y la industria “estén en regla”. El funcionario le contestó a Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, que había dicho que se presentan muy pocos productores a reclamar las compensaciones porque son burocráticas y “no le llegan a nadie”. “Pretende confundir a la opinión pública y a los productores”, se quejó Echegaray. El funcionario recordó que en los últimos 40 días el organismo aprobó compensaciones por 327 millones de dólares a quienes “están en regla”. Se trata de todo el mecanismo de compensaciones a productores e industria alimentaria, más allá de los reintegros por retenciones.