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La batalla por el contrato de Siemens no fue sólo económica sino también política. El contrato era por 40 millones de DNI, a unos 30 pesos/dólar de aquel momento, es decir que totalizaba la fabulosa suma de 1200 millones de dólares. A eso se le agregaba una estructura fundamental: la adjudicataria del contrato debía informatizar todo lo que fuera Migraciones, incluyendo los puestos fronterizos de toda la Argentina.

El poder político y estratégico del contrato Siemens estaba en el acceso al total del padrón de ciudadanos argentinos y a todo lo que fueran entradas y salidas del país. Por ejemplo, si entran a la Argentina sindicalistas, dirigentes sociales, hombres de Hugo Chávez o de Cuba, empresarios o técnicos ligados a la industria atómica, todo quedaría en el ojo de Siemens. Esa es la razón por la que hubo una enorme presión norteamericana en contra del contrato. El eje del cuestionamiento fueron los términos económicos, pero funcionarios de la Casa Blanca e incluso integrantes del aparato de seguridad de Estados Unidos se movieron intensamente para hacer caer el acuerdo. Uno de los operadores de esa jugada fue el fallecido dirigente montonero Rodolfo Galimberti, quien por entonces trabajaba para una empresa norteamericana de seguridad integrada por hombres vinculados con la CIA.

El rumor más extendido es que el ex ministro de De la Rúa Nicolás Gallo fue la punta de lanza de la ofensiva contra los alemanes. En el juicio norteamericano aparece con una imputación de cobrar coimas el ex ministro del Interior radical Federico Storani. En concreto, se afirma que caído el gobierno de Menem hubo un intento radical de reflotar el contrato y que le pagaron a Storani para que hiciera el intento. Storani lo niega tajantemente, pero la clave estará nuevamente en la auditoría de Debevoise & Plimpton, donde figurarían los pagos “a un ex ministro radical del Interior, actual integrante del Congreso”, según reza la acusación fiscal.

También hubo participación israelí en la movida contra Siemens, al punto de que una empresa de Israel compitió en la licitación, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Iviza-ITT, perdió, pero bajo cuerda, impulsó una denuncia de los términos del contrato.

Desde el punto de vista judicial, el contrato no es demasiado objetable, porque se trata de servicios que son muy difíciles de medir. El texto establece que se informatizan todos los pasos fronterizos, pero resulta casi imposible –según afirman en el juzgado– establecer exactamente cuánto vale eso y si hay sobreprecios o no. Por ello, iba a resultar complicado acusar a Siemens de fraude. El negocio estaba en el volumen increíble del contrato –1200 millones de dólares– y la importancia estratégica. Sin embargo, la existencia de coimas cambia todo. Es obvio que los pagos ilegales fueron hechos, porque los propios alemanes lo confiesan. Queda entonces encontrar la ruta del dinero y sobre esa base hacer las acusaciones en la causa judicial argentina, que instruye Ariel Lijo.