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A pocos días de asumir al frente del Juzgado Número 35 de Madrid y tres semanas antes de que Cristina Fernández de Kirchner iniciara su visita oficial a España, Ignacio Bigeriego firmó una resolución de impacto en la investigación judicial que realiza ese país sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas. El magistrado ibérico citó en carácter de imputados a tres funcionarios de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por considerar que existe semiplena prueba de su responsabilidad en el presunto desvío de parte de los 758 millones de dólares que el fisco de ese país desembolsó a partir del 2001 para el saneamiento de la línea local, hoy en plena reestatización.

El origen de los hechos investigados se remonta al mandato que la SEPI le dio al grupo Air Comet-Marsans cuando le transfirió sus acciones en Aerolíneas por el valor simbólico de un dólar, a cambio del compromiso de que extinguiera su pasivo y ejecutara un plan de inversiones que oxigenara a la línea aérea argentina, cuya operatividad amagaba con colapsar luego de la gestión de Iberia (por entonces estatal y administrada por la SEPI). Pero según informes del Tribunal de Cuentas de Madrid, uno de los varios organismos públicos intervinientes en el análisis del tema, el grupo privado no honró estrictamente ninguna de esas obligaciones.

Los 300 millones de dólares que debían orientarse a fulminar el pasivo financiero del concurso de Aerolíneas fueron utilizados por Air Comet Marsans para subrogar esos créditos. Es decir: los compró, se transformó él mismo en acreedor principal, votó una quita para la deuda concursal y luego capitalizó su parte. Este último paso es vital, porque le dio al grupo hispano el derecho de vender las acciones obtenidas sin poner dinero y sin cumplir, siquiera, con el plan que prometía resucitar a la línea de bandera. La chance de realizar ese capital existía cuando, meses atrás, todavía se hablaba de sacar las acciones a la Bolsa. Y existe hoy cuando los representantes de Marsans reclaman dinero del Estado argentino para convalidar la reestatización sin iniciar ningún pleito.

La subrogación de créditos no es una maniobra inusual en concursos, pero aquí tiene la singularidad de haber sido consumada con dinero de un tercero, que fue desembolsado para un fin específico. A priori, los responsables primarios de ese desvío son los directivos de Marsans, incluyendo a Gerardo Días y Gonzalo Pascual, hasta días atrás miembros del directorio y respresentantes del accionista privado. Pero el Contrato de Aportes Irrevocables, un segundo documento que apareció tardíamente en la causa, muestra que la SEPI habría convalidando tal desvío, contrariando su propio mandato consignado en el contrato de cesión de Aerolíneas.

No es lo único en revisión en este vidrioso cuadro. El Tribunal de Cuentas madrileño también cuestionó que el resto del dinero en muchas circunstancias haya sido empleado sólo para la cobertura de gastos corrientes, como combustibles y salarios, y no para una programa de inversión propiamente dicho.

A instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos –otro de los órganos con competencia y de atribuciones parecidas a la local Oficina Anticorrupción–, el juez Bigeriego citó para el 17 de marzo a tres directivos de la SEPI que ya declararon como testigos, pero esta vez como imputados, figura similar a la de procesados en la legislación local. Dos de ellos, Pablo Olivera Massó y Juan Massó Garolera, ya no pertenecen al staff estatal. Pero Juan Gurbindo Gutiérrez es aún un funcionario a cargo de la administración de recursos de la sociedad estatal. Se trata de una figura clave en esta enrevesada historia, ya que era uno de los máximos responsables del libramiento de los cheques del Estado español, otro de los defraudados con la maniobra bajo la lupa judicial.

El avance de esta causa –que tiene un expediente espejo en la Argentina, con parsimonioso trámite en el juzgado de Alberto Baños– puede tener derivaciones imprevisibles, pero en cualquier caso graves, incluyendo la nulidad del concurso de acreedores de Aerolíneas. Ni siquiera este hipotético extremo revertirá la reestatización en ciernes. Pero sí puede influir en los términos del acuerdo definitivo con Marsans y en la responsabilidad política y económica que asuma el Estado español frente al tema.