El avance de la investigación del Consejo de la Magistratura sobre la complicidad del juez Carlos Otero Alvarez con la represión ilegal, cuando era secretario del juez federal de Córdoba, puso en serio riesgo el comienzo del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia.

El vocal del Tribunal Oral Federal 1°, que el año pasado condenó a Menéndez & Cía., pensaba jubilarse el 31 de julio, luego del juicio por el asesinato de Ricardo Albareda en 1979. Pero cuando trascendió su posible citación a la Comisión de Acusación y Disciplina, solicitada por la diputada Diana Conti a instancias del director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, el magistrado dejó trascender la posibilidad de adelantar la partida y desintegrar el TOF. Familiares e H.I.J.O.S. Córdoba, que litigan las causas y recusaron a Otero Alvarez antes del primer juicio a Menéndez, repudiaron a quienes “por acción, omisión, individualismo, vedetismo o complicidad pretenden posponer los juicios” y reclamaron al Estado que “arbitre urgentemente las medidas necesarias” para garantizar la continuidad de los procesos. El caso pone a prueba a la flamante Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que integran los cuatro poderes del Estado.

En 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la “complicidad manifiesta” del ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su secretario en las torturas a Héctor Aurelli. “Tenían pleno conocimiento de la existencia de campos de concentración”, apuntó. El año pasado H.I.J.O.S. y Familiares recusaron a Otero Alvarez por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos en 1976, pero el TOF rechazó la denuncia. Fue entonces cuando Baronetto, contrariando a los organismos de derechos humanos, que veían peligrar el juicio, lo denunció ante el Consejo. En 1977, preso en Sierra Chica, el entonces militante de la Juventud Peronista padeció a Otero Alvarez en carne propia. Antes de ser indagado le preguntó “¿por qué mataron a mi mujer?”, ejecutada en un tiroteo fraguado que el juzgado no investigó. “No podemos hacer nada”, respondió el secretario. El mes pasado el TOF rechazó una nueva recusación, en este caso, del fiscal José Asís. Otero Alvarez fue sobreseído en la causa UP1 por el juez Alejandro Sánchez Freites, pero la Cámara Federal debe resolver las apelaciones del fiscal Gustavo Vidal Lascano, la abogada María Elba Martínez y del propio Baronetto, que repercutieron en el Consejo. El senador radical Ernesto Sanz retiró su dictamen, que proponía desestimar la denuncia, y propuso tratar el de Conti, que pide indagar a Su Señoría.