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Soraya está enojada con Cristina. Dice que Cristina no debería haber hablado en España del caso Garzón. Señala que Cristina y el ex presidente Néstor Kirchner “son los menos indicados para dar lecciones de Justicia y seguridad jurídica a nadie”. Miguel Bernard, de la organización Manos Limpias, agregó su “total repulsa y rechazo a la injerencia de la Presidenta de su país en asuntos de la Justicia española”.

Soraya se apellida Sáenz de Santamaría, 39, presidenta del bloque de diputados del Partido Popular. Ocupó su primer escaño cuando el conservador Rodrigo Rato fue designado director del Fondo Monetario Internacional: ella era primera suplente en la lista de candidatos. Completó su fama en enero de 2009 con una nota que le hizo el diario El Mundo en un hotel de Madrid. Posó descalza con los pies estirados –Soraya fue bailarina clásica– y con un vestido negro noche.

Manos Limpias es una organización de la ultraderecha española que promovió querella contra Garzón tras la decisión del juez de declararse competente para investigar crímenes de Francisco Franco.

Cristina Fernández de Kirchner, como se sabe, recibió el lunes al juez Baltasar Garzón en la embajada argentina en España. Hablaron media hora. Después, la Presidenta dijo: “Estamos preocupados, sorprendidos y dolidos por esto que significa una regresión en materia de juzgamiento y de la concepción de justicia universal en materia de derechos humanos, que precisamente instauró España con mucha fuerza y de la cual todos los españoles deberían sentirse orgullosos”. El viernes último, Garzón fue suspendido en su puesto de magistrado justo cuando están por cumplirse 12 años de su pedido de extradición de Augusto Pinochet, mientras el dictador se hallaba internado en una clínica de Londres. Ese pedido, finalmente exitoso, fue uno de los hechos más importantes de la Justicia internacional de los derechos humanos.

La suspensión de Garzón fue impulsada por organizaciones franquistas y quedó garantizada por la acción del Partido Popular de Soraya, Rato y el ex presidente del gobierno José María Aznar, una de cuyas últimas actividades públicas en la Argentina fue animar un seminario para dos de sus pollos en la región, Mauricio Macri y el actual presidente chileno Sebastián Piñera. Otra actividad, por la que alguna vez buscó atraer el interés de Cristina Kirchner, fue promover a Rupert Murdoch, el propietario de medios que deleitaba a George Bush e incomoda a Barack Obama.

Franco se alzó contra la República en 1936. Ganó la Guerra Civil en 1939. Ejerció una tiranía que terminó con su muerte, en 1975. La Constitución que selló la transición a la democracia fue promulgada en 1978. En estos 32 años, España creció, se integró a Europa, modernizó su vida cotidiana, garantizó las libertades individuales, aumentó el consumo. Pero nunca dejó de convivir con vestigios del pasado franquista que fueron formando una amalgama con nuevos jueces, nuevos banqueros, nuevos grupos económicos, nuevos parapoliciales y una cúpula eclesiástica sólo comparable en conservadurismo a la jerarquía católica argentina.

Esa amalgama de poder le puso un parate a Garzón. En España, la revisión del pasado es un límite que superaron con éxito los historiadores profesionales y la subjetividad de los artistas, pero que aún no quiso, no supo o no pudo traspasar la sociedad en su conjunto.

La situación de impasse explica dos cosas.

Por un lado, explica que la preocupación de Cristina por Garzón no haya terminado en un escándalo. En 2007, durante una cumbre iberoamericana, el presidente venezolano Hugo Chávez criticó a Aznar por “fascista” delante de José Luis Rodríguez Zapatero. “¿Por qué no te callas?”, le disparó el rey Juan Carlos. Quizá consideró que como jefe del Estado español no podía dejar pasar la frase de Chávez contra un ex jefe de gobierno. Nada de esto sucedió, en cambio, con Cristina, que por otra parte no personalizó su idea de la regresión en ningún blanco. Por eso sólo cosechó la crítica de los franquistas y de Soraya.

Por otro lado, la impasse histórica explica que ni siquiera una figura de gran peso internacional como Garzón quede exenta de esta disputa que la derecha viene librando sin admitirse a sí misma ninguna debilidad. En otras palabras: para franquistas, neofranquistas y respetuosos del franquismo, el costo de aceptar a Garzón hurgando en la masacre de la dictadura es mayor que cualquier desprestigio externo.

Este marco complejo explica no sólo el castigo a Garzón sino la decisión que tomó ayer el Consejo General del Poder Judicial: la simple autorización para que viaje al Tribunal Penal Internacional como asesor del fiscal Luis Moreno Ocampo fue adoptada por tres a dos, en voto dividido.

Si hay vendetta, que se note.

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