La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, defendió ayer el operativo realizado el viernes último con el objetivo de obtener nuevas muestras de material genético de Felipe y Marcela Noble Herrera en el marco de la causa que intenta determinar si son hijos de desaparecidos. La magistrada aseguró que la requisa se desarrolló “conforme lo marca la Constitución” y con un trato “respetuoso”, por lo que negó las acusaciones sobre un operativo “vejatorio” e “intimidatorio” y desechó cualquier “especulación política” en el caso.

“El trato fue sumamente respetuoso, guardando el pudor de las personas, atendiendo a la condición de víctimas. Tengo la plena seguridad de que toda la diligencia se desarrolló conforme lo marcan la Constitución y el Código de Procedimiento”, aseveró la magistrada. Por su parte, el abogado Ignacio Padilla, patrocinante de Marcela y Felipe Noble Herrera, coincidió en que el operativo transcurrió “sin ningún exceso”, pero remarcó que “lo reprochable es cómo se ordenó por parte del juzgado”. Aunque la magistrada aclaró que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble –directora del diario Clarín– “se negaron a firmar” el acta judicial sobre el secuestro de sus prendas íntimas, subrayó que ese documento “es impecable, y está firmado de conformidad por los dos letrados” defensores –Alejandro Carrió y Roxana Piña– presentes en el lugar.

“Cuando fue la requisa más íntima sólo estuvo presente la técnica especialista, que debe asegurar el elemento que está secuestrando, y una testigo, nada más. Se hizo en presencia de dos personas, no en presencia de siete”, sostuvo la jueza para desmentir lo dicho por Marcela Noble Herrera. En el mismo sentido, Arroyo Salgado negó que hubiera autorizado una requisa en la vía pública –tal como también había trascendido–, sino que dejó en claro que la misma debía realizarse “dentro del domicilio”.

En cuanto a las denuncias de que habría sido un operativo “vejatorio” e “intimidatorio”, Arroyo Salgado comentó que lo que le llama la atención es que “en todo lo actuado los abogados no dejaron constancia de nada de esto”. La magistrada también negó que cuando fue interceptada la camioneta que conducían los letrados en proximidades del domicilio de la directora de Clarín haya existido algún “hecho de violencia ni de muestra de armas”.

Durante la audiencia que mantuvo el viernes en su juzgado con Felipe y Marcela Noble Herrera, la jueza les preguntó si accedían a que las muestras de ADN pudieran ser confrontadas en el Banco de Datos Genéticos. Como se negaron y también rechazaron aportar nuevas pruebas, Arroyo Salgado agregó que “frente a esto, la ley impone al juez el deber de lograr estas muestras por otros mecanismos y consagra expresamente la potestad de requisas personales o registros domiciliarios”. En este sentido, la magistrada recordó que en los allanamientos dispuestos en diciembre pasado –cuando la causa aún estaba a cargo del juez Conrado Bergesio–, “el personal tardó una hora y media para ingresar al domicilio”, con lo que fundamentó la “inmediatez” del nuevo operativo.