Durante las tareas de ordenamiento y digitalización del archivo del CELS, sus responsables encontraron un memorándum sobre la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa, redactado el 18 de noviembre de 1978 por el dirigente demoprogresista Ricardo Molinas, quien integraba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos junto con los fundadores del CELS. Titulado “Impuesto en beneficio de particulares”, el memo sostiene que la política de apertura irrestricta a las importaciones que estaba destruyendo a la industria nacional “no rige para los casos de empresas o actividades en manos de amigos”, como la fábrica de papel que un mes más tarde sería inaugurada por el dictador Jorge Videla, en compañía de los accionistas de los socios privados. Para asegurar su rentabilidad se había anunciado la creación de un impuesto al papel importado. Molinas recuerda que cuando Papel Prensa pertenecía al grupo Graiver, integraba su directorio Pedro Martínez Segovia, primo y socio del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Al referirse a su adquisición por La Nación, Clarín y La Razón, el memo dice que “la esposa de Graiver ha denunciado ante la Justicia que fue presionada desde el Ministerio para transferir las acciones a vil precio, en beneficio de los que aparecen como adquirentes. Por otra parte el importe del precio de las acciones, al menos en parte, fue consignado, pero no ha llegado a manos de sus dueños o propietarios originarios, que estaban inhabilitados para vender”. Según el memo el anunciado impuesto a la importación de papel tenía “por objeto confesado: a) que Papel Prensa, en manos amigas, pueda sobrevivir y que los amigos ganen; b) otorgar al Estado el manejo del papel de diario, y acentuar de ese modo el control o censura sobre la información”. Agregaba, entre “otros objetivos no confesables” el “asegurar el apoyo de tres grandes diarios, que justamente a partir de este negocio, han demostrado una muy buena predisposición para el gobierno”. Molinas se preguntaba por qué se labró un acta en la que constó el acuerdo de la Junta Militar para esa aparente transacción entre privados; si el juez de la sucesión de David Graiver la había autorizado; quiénes eran los accionistas que aprobaron lo actuado, cuál fue el precio de compra de las acciones y si los vendedores estaban habilitados para disponer de sus bienes. El tema de la transferencia forma parte del informe sobre Papel Prensa que la presidente CFK presentará pasado mañana y también de una investigación judicial realizada por el juez federal Daniel Rafecas. El mes pasado, Rafecas se declaró incompetente y remitió la causa al juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, quien tiene a su cargo los crímenes cometidos en el denominado circuito Camps. Sostuvo para ello que no era posible escindir “la transferencia presuntamente compulsiva de acciones” de Papel Prensa de “los hechos de privación ilegal de la libertad” a una serie de sus directivos, incluyendo al padre, el hermano, la esposa y el cuñado de David Graiver. Es a raíz de ello que el presidente del Grupo Clarín, Héctor Magnetto dijo que el gobierno nacional procuraba su detención, ya que los delitos de lesa humanidad del circuito Camps no prescriben. El fiscal Carlos Stornelli, quien durante dos años fue ministro de Seguridad de Scioli en la provincia de Buenos Aires, apeló esa resolución sosteniendo que el juez no le trasladó vista para que opinara antes de declararse incompetente. La apelación será tratada por la sala I de la Cámara Federal de la Capital sólo si la sostiene el fiscal de Cámara, Germán Moldes. Los jueces Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler le habían fijado fecha para el jueves 19, pero Moldes solicitó prórroga hasta la próxima semana y pidió consultar documentación del expediente. Especialista en propaganda, Moldes fue viceministro del Interior de José Luis Manzano a cargo de la política de Población, e intervino en el irregular ingreso al país de los traficantes de armas y primos políticos del ex presidente Menem, Monzer y Ghazan Al Ka-ssar. Varias veces viajó a Europa en misiones confidenciales encomendadas por Manzano en relación con asuntos económicos. El ex director de Migraciones, Gustavo Druetta lo llamó Capitán Garfio y lo acusó de autorizar en forma irregular trámites de inmigrantes asiáticos y de permitir el paso por puestos de frontera y aeropuertos de personas buscadas. Según Druetta, Moldes lo exhortó a que él también “recaudara”. Luego de la eyección de Manzano del gobierno, Moldes fue designado fiscal de Cámara por intercesión del Secretario de inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy. Allí permanece desde entonces, con la mayor discreción, cómo célula dormida a la espera de una tarea.