Al allanar anteayer el Departamento Central de la Policía Federal, la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño pudieron comprobar que, pese a que habían pedido copia de las modulaciones registradas por el Comando Radioeléctrico durante todo el 20 de octubre, la Dirección de “Operaciones” de la fuerza había ordenado a la Superintendencia de Comunicaciones que les entregara únicamente hasta las 14 horas. Es decir que faltaba una hora fundamental, la posterior al asesinato de Mariano Ferreyra, para poder analizar en forma acabada el papel de la policía en los hechos. La jueza dispuso días atrás abrir un expediente aparte, para determinar si los agentes actuaron con negligencia y/o dejaron la zona liberada. El “faltante” en las grabaciones que habían sido solicitadas añadieron un elemento de sospecha. El material está siendo peritado por el especialista Ariel Garbarz, quien también tiene a cargo el análisis de todas las comunicaciones del caso. Como publicó Página/12 el domingo último, aun con los escasos 13 minutos de grabación que habían sido entregados a la Justicia surgiría una posible “negligencia” del personal policial: la orden que recibieron los patrulleros que estaban en Barracas fue permanecer “expectantes”, aun en el peor momento del ataque y cuando ya había un herido de bala. “No sea cosa que después las facciones antagónicas se unan contra nosotros”, advertía quien daba las directivas desde el comando de operaciones. Además, pese a que también indicó “individualizar a los agresores para su detención”, nadie fue detenido. Las razones de la pasividad quizás, o no, estén en la grabación recientemente incorporada.