El diario La Nación cerrará su balance de este año con la mayor rentabilidad en sus 141 años de historia. “No es poca cosa ¿eh? Estamos en una sociedad con una tasa de consumo masivo” dijo el miércoles el miembro de su directorio, José Claudio Escribano, al recibir el premio 2010 del Club del Progreso. Agregó que a pesar de eso y de la libertad con que “podemos decir lo que pensamos, nos sentimos mal” por lo que llamó “ataques del gobierno a la prensa”. Ratificó su “posición crítica sobre la gestión política de estos últimos años”. Pero “más que el gobierno, me preocupa una oposición que no toma decisiones categóricas sobre temas que deben ser debatidos muy abierta y francamente en la Argentina”. La Comisión Directiva del Club, que constituye el jurado del premio, destacó su “ejemplar conducta ética”, debido al “coraje que demostró en toda su trayectoria periodística” y su respeto a la Constitución Nacional. Esto motivó debates entre sus socios y al menos una renuncia, en repudio por la colaboración de Escribano con la dictadura militar de 1976 a 1983. Fundado días después del derrocamiento de Rosas por prominentes políticos masones, el Club del Progreso se propuso “conciliar las opiniones políticas por medio de la discusión”. Nada de eso ocurrió ahora: quienes objetaron el premio a Escribano recibieron la seca respuesta de que la Comisión Directiva no tiene obligación de consultar con nadie. Lejos del pluralismo inicial, hoy el Club es un reducto de los sectores más conservadores de la UCR. Lo preside el abogado y consultor Carlos María Regúnaga, jefe de Gabinete de la Secretaría de Comercio del gobierno de Raúl Alfonsín. Sus vicepresidentes son Emilio Weinschelbaum, miembro del Grupo Aurora para una Nueva República que inspira Marcos Aguinis, y el fundador del “Movimiento Independiente Fernando De la Rúa presidente”, Guillermo Lascano Quintana. Prosecretaria es la derrotada candidata radical a la Cámara de Diputados en 2005 Lucía Gálvez. Entre los vocales están Horacio Jaunarena, responsable de la ley de obediencia debida y autor de un proyecto para que las Fuerzas Armadas vuelvan a intervenir en seguridad interior, y el ex secretario de Culto de De la Rúa, Norberto Padilla. Integran su tribunal de honor, entre otros, el secretario de Defensa de Jaunarena, José María Lladós, y el dirigente de la Coalición Cívica Libertadora Gerardo Conte Grand. El único miembro vinculado con el actual gobierno es Orlando Olmos, de la rama de negocios. Ante una audiencia de hombres de traje y corbata, de unos 70 años de edad promedio, Escribano dijo que buscaría provocar sonrisas a tono con el clima veraniego y la comida compartida. Así dio inicio a una charla colmada de anécdotas para graficar lo que designó “la cola del diablo” que “se mete en el periodismo”: errores, chistes, confusiones y casualidades, necrológicas sobre homónimos vivos, correcciones desafortunadas y bromas internas. De paso, se declaró “enamorado del campo”. Al referirse a los presuntos “ataques a la prensa” dijo que no consistían en bombas, secuestros y asesinatos, como ocurrió en el pasado, sino en formas “mucho más sutiles”. Mencionó la visita de “un ejército de inspectores fiscales” y “allanamientos a empresas vinculadas con empresas periodísticas cuando las cuestiones pueden ser resueltas por un simple oficio judicial”. Esta elipsis alude a las investigaciones judiciales por evasión fiscal y lavado de dinero y respecto de los balances de Papel Prensa. También mencionó innominados “medios oficiales de comunicación” en los cuales se gastarían sumas superiores a las conocidas “a partir de la reapertura del proceso democrático en 1983”. En 1978 una misión de la SIP, integrada por dueños de dos diarios de Estados Unidos, Edward Seaton e Ignacio Lozano, visitó la Argentina, donde se entrevistó con Escribano. El informe de la misión dijo que los directivos periodísticos de los principales diarios del país priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión; justificaban la censura porque deseaban cooperar con el régimen; se negaban a informar sobre la desaparición de personas, incluyendo periodistas, y se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel, en una planta financiada “con un generoso crédito del gobierno militar”, a riesgo de su independencia. Cuando Escribano dijo que La Nación va a cerrar este año su ejercicio con la más alta rentabilidad de su historia hubo murmullos de asombro o discrepancia. Marcos Aguinis elevó ambas cejas y meneó la cabeza. Pero un socio vitalicio comunicó a Escribano su “perpetuo agradecimiento a La Nación” por haber “defendido al periodismo de los zarpazos de la persecución de los revolucionarios del 43”.