El lockout triguero terminó con pena y sin gloria. Ninguno de los actos convocados por las patronales agropecuarias convocó a más de 300 personas, lo cual potenció las diferencias internas. En las propuestas sobre la comercialización de granos, el ministro Julián Domínguez parece a mitad de camino entre la Sociedad Rural y la Federación Agraria. La Mesa de Enlace sólo coincide en el enfrentamiento con el gobierno, como dejó en claro el jefe de Coninagro, Carlos Garetto, al anunciar en Bahía Blanca que “mientras exista un kirchnerista en este país, la unidad del campo se va a mantener”. Pero este programa político no es atractivo para los productores, que desean ampliar su margen de rentabilidad pero no ignoran que nunca fue más alto que ahora. Una constancia adicional del ánimo bélico de esa dirigencia corporativa es su análisis sobre el hallazgo de los campamentos de trabajo esclavo en la provincia de Buenos Aires. Un artículo publicado en la revista de publicidad y relaciones públicas “Imagen”, lamenta el bajo perfil adoptado por la multinacional Nidera para enfrentar esos casos, que serían “un talón de Aquiles del sector rural” descubierto por “el gobierno y los medios oficialistas”. Esto “podría afectar la hasta ahora inmaculada imagen que desarrolló el sector agrario”. Su fuente tiene razones para saberlo, porque es el responsable de esa ficción patriótica: el consultor Felipe Noguera, quien en 2008 condujo la estrategia de conflicto de la Sociedad Rural, diseñó el slogan con la escarapela y organizó los cursos de formación cívica. “En el campo se trabaja así. Hace calor, no hay baños, ni electricidad. Es la forma habitual de trabajo en la mayoría de las actividades agropecuarias”, explica la fuente de “Imagen”. Según la publicación “el trasfondo de la intensa campaña en los medios oficialistas contra Nidera y otras empresas de semillas y del sector agropecuario es político”. El riesgo que señala es que la clase media urbana “por ahora firmemente simpatizante del campo, podría darse vuelta”. De ser así, “las condiciones de trabajo rural se pueden convertir en una crisis para todo el sector” y en “la primera cuña efectiva que logre meter el gobierno entre el sector agrario y la clase media urbana, que, hasta ahora, formaban una alianza letal para las intenciones electorales del gobierno”. La fuente agrega que Hugo Moyano cuenta con el apoyo presidencial para “destronar al jefe del sindicato de trabajadores rurales, UATRE, Gerónimo Venegas”, quien apoyó a las patronales agropecuarias en el conflicto con el gobierno. Esta presentación escamotea la cuestión de fondo, sobre las condiciones del trabajo rural frente a las que sin duda divergen las posiciones del gobierno y las de la Mesa de Enlace. El Congreso discute distintos proyectos para modificar el Régimen Nacional de Trabajo Agrario (RNTA) decretado por el dictador Jorge Videla en 1980. El que CFK firmó en junio de 2010, plantea que el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), un ente autárquico controlado por las cuatro organizaciones de la Mesa de Enlace y por UATRE en el que deben inscribirse todos los empleadores y trabajadores rurales del país y que es solventado con un aporte patronal del 1,5 por ciento del salario de cada trabajador, sea reemplazado por un Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), que estará en la órbita del Ministerio del Trabajo. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores sólo participarán de un Consejo Asesor, donde también habrá lugar para “otros sectores sociales”. Esto le abriría las puertas a las pequeñas organizaciones campesinas e, incluso, a los representantes de los pueblos originarios. Por eso, Venegas dice que el gobierno procura destruir su sindicato. El proyecto que él y la Mesa de Enlace avalan mantiene sin cambios el Renatre. Fue presentado por el diputado del Peornismo opositor Roberto Mouillerón y también lo firma el diputado radical Pablo Orsolini, de la Federación Agraria, quien fue presidente del Renatre en 2005 y 2006. “Funciona a la perfección”, porque había 250 mil trabajadores rurales inscriptos y hoy son 800 mil, dijo. Las cifras reales son menos complacientes. El presidente alterno de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, Alejandro Senyk, estima que el trabajo en negro rural llega al 60 por ciento, y en el norte del país al 80 por ciento, mientras en el conjunto de la economía no pasa del 35 por ciento. Esto significa 1,2 millones de trabajadores agrícolas en situación irregular, que no pueden acceder a los servicios sociales previstos en la ley, como seguro de desempleo o indemnizaciones. Senyk, quien participa de las reuniones de la comisión de Legislación Laboral donde se han comenzado a analizar las propuestas de reforma, sostiene que el principal fin del proyecto oficial es “proteger a los trabajadores no permanentes”, como los de Nidera. Hasta ahora, en los allanamientos dispuestos por la justicia, el rol de UATRE fue presionar a los trabajadores para que no declararan contra las empresas y siguieran trabajando en las mismas condiciones. (Entrevista, Adrián Vigna).