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La Policía Federal Argentina cuenta con dos bases de datos propias y puede acceder, con la anuencia de un juez o un fiscal, a una tercera base, la más completa: el Registro Nacional de Reincidencia, órgano que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. La base más inmediata, en la que se constata si alguien tiene pedido de captura es conocida como AFIS, un aparato que lee huellas digitales y que los uniformados llevan en los patrulleros. Para más detalles, existe la División de Información de Antecedentes de la PFA, sobre la calle Azopardo, en el barrio porteño de San Telmo. Más allá de los prontuarios, la Federal también maneja un valioso archivo fotográfico y dactilar de todas aquellas personas que sacan su pasaporte o cédula de identidad.

El Automated Fingerprint Identification System, más conocido como AFIS, es un software que permite a través del algoritmo de la imagen de una huella digital, convertirla en una figura tridimensional en segundos. De esta forma, la información es corroborada en una base de datos “liviana” de la División de Información de Antecedentes, según informó a este diario un veterano comisario de la PFA, que indica si esa persona tiene en curso un pedido de captura.

“Después hay un sistema de datos más amplio donde quedan registrados todos los hechos en los que tuvo intervención la Federal y que saltan cuando pedimos todo el prontuario de alguien a la División de Información de Antecedentes. Si esa causa se cierra, los juzgados nos pasan la información para que retiremos el dato de ese registro. Si esto no pasa, la persona puede pedir la ‘refundición del prontuario’”, explicó la fuente. Este sistema se usa al expedir pasaportes por si la persona tiene una causa abierta que le impide viajar, o un pedido de captura.

Esta base de datos “amplia” es más incompleta que la que ofrece el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), donde figura todo lo actuado, tanto por la Policía Federal como las provinciales, y lo más importante: los antecedentes penales que emanan de la Justicia. Para acceder a esta información, la policía precisa una autorización expresa de un juez o de un fiscal, si el juez le delega la función. Para ello existe un sistema de comunicación codificado a través de Internet.

Mediante este sistema se envía una “solicitud de antecedentes” al RNR y este organismo evalúa el pedido, que también puede hacerse presentando un oficio firmado por una autoridad judicial. La gestión actual del RNR, además de recuperar el archivo de estos oficios, mantiene un rígido registro de todos estos pedidos –vía Internet o en papel–, que deben ser siempre argumentados; de ser injustificados, pueden ser objetados judicialmente por la persona que fue investigada por la Justicia.

Se calcula que la PFA tiene, al menos, 20 millones de fichas decodactilares, que corresponden a todas las personas que alguna vez sacaron un pasaporte o una cédula de identidad, o que por diversas causas tienen un prontuario criminal.