El almirante Horacio Florencio Reyser integra la promoción 87 de comando naval de la Armada, dos antes que la del jefe del grupo de tareas de la ESMA, Jorge Acosta. Recibió su primer destino como guardiamarina en 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Nueve años después, al producirse el último golpe, era teniente de navío. En 1977, ya capitán de corbeta, participó como comandante de la lancha rápida Indómita en los preparativos de guerra contra Chile por la posesión de tres islas en el canal Beagle. Ascendió a contraalmirante en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, y fue agregado naval en los Estados Unidos. Ya como Comandante de la Flota de Mar participó en encuentros bilaterales sobre seguridad con el Comando de Operaciones de la Armada estadounidense, en Norfolk. Viajó allí en junio de 1993 como parte de la política de relaciones carnales, junto con el canciller Guido Di Tella y el secretario de Asuntos Militares Vicente Massot. Al año siguiente, cuando los capitanes de fragata Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, admitieron en el Senado que durante los años que tuvieron destino en la ESMA no había leyes, que los prisioneros eran atormentados para obtener información por órdenes de la superioridad y que la Armada actuó en el secuestro de las monjas francesas, se desató una crisis interna en la Armada, que melló la posición del Jefe de Estado Mayor, Enrique Molina Pico. El ministro de Defensa, Oscar Camilión, deseaba designar en su lugar a Reyser, por entonces Director del Estado Mayor, quien contaba con el visto bueno estadounidense, pero Eduardo Bauzá y su entonces colaborador Esteban Caselli respaldaban al jefe de la casa militar de la presidencia Carlos Alberto Marrón, quien terminó por imponerse gracias a su familiaridad con la rama Anillaco del menemismo. En 1995, Reyser participó en el CARI (organismo de lobbying de Relaciones Exteriores) en un seminario sobre “La nueva agenda de seguridad en el hemisferio sur”. Cuando Camilión, Molina Pico y Reyser tuvieron que irse a su casa, el único que conservó vida propia fue Reyser, rescatado del ostracismo por Casaretto, quien comenzó por sumarlo a la Fundación de Estudios Superiores Plácido Marín. En 2010 presentó a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), una carta de apoyo del Estado Mayor de la Armada al establecimiento de una Universidad Católica de San Isidro. En julio la CONEAU recomendó al ministerio de Cultura y Educación autorizar su instalación. La universidad funcionará en un terreno de 19 hectáreas del obispado, en Beccar. Reyser, quien ante la CONEAU prefirió presentarse como Licenciado en Sistemas Navales, sin mención a su grado, será Vicerrector de Investigación y Extensión. Como asesor de su Facultad de Derecho, Casaretto incluyó al juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Wagner Gustavo Mitchell, a quien la fundadora y ex presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Isabel C.de Mariani denunció en abril del año pasado por haber entregado en adopción en pocas horas, pocas fojas de expediente y un solo testigo que resultó falso al niño Simón Riquelo secuestrado junto a su mamá, Sara Méndez, cuando tenía tres semanas de vida. El adoptante fue el subcomisario Osvaldo Parodi, miembro de la patota que secuestró a madre e hijo. Reyser integró también el denominado “Proyecto Esperanza”, de atención a drogodependientes sin recursos, que recibía subsidios del Sedronar. De allí pasó al equipo diocesano sobre drogodependencia del obispado de San Isidro, luego coordinó la Comisión de Adicciones de la Acción Católica y ahora coordina la campaña de la Iglesia Católica sobre el tema.