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El diputado y candidato a gobernador salteño Alfredo Olmedo declaró ayer ante la Justicia de La Rioja por la causa que investiga los presuntos delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas de al menos 400 trabajadores rurales en un campo de su propiedad. Tras su declaración indagatoria ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, Olmedo volvió a denunciar una “persecución política” en su contra por las denuncias que involucran a sus empresas. En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde –en representación de la querella por parte del Estado–, aseguró que las pruebas por los delitos que se le imputan “son irrefutables y contundentes”.

Distendido luego de haber declarado una hora y media frente al juez y al fiscal que entiende en la causa, Olmedo le dijo a Página/12 que mostró fotos de sus campos y explicó cuál era el proceso de contratación de personal en sus olivares. “Invité al fiscal y al juez a que vayan a hacer la inspección ocular al campo y creo que se dieron cuenta de que todo lo había armado la AFIP”, sostuvo sobre el operativo que en febrero motivó la clausura de su campo. “Señalé todas las diferencias entre el acta de los inspectores y la denuncia mediática. Comenté que además me dijeron que no habían visto un campo tan ordenado como el mío y que esto que me hicieron es una injusticia”, relató. Tras negar los cargos por los que se lo acusa, se retiró no sin antes volver a denunciar una persecución política en su contra.

“Es el estilo cultural de esta gente y por eso hemos documentado al juez con imágenes sobre otras cosechas en otras provincias”, manifestó su abogado defensor, Juan Carlos Pagotto. El letrado dijo que Olmedo ofreció toda su colaboración para esclarecer los hechos y advirtió que el delito de trata de personas “no aplica para este caso”. Luego de declarar, el diputado sojero regaló sus gorras de campaña a quienes lo esperaban en la puerta del tribunal y se mostró extrañado con que sus pares de la Cámara de Diputados hayan rechazado su pedido de licencia. “La pedí para que se me investigue a fondo”, se justificó, y ante la pregunta de este diario afirmó que no teme quedar procesado porque “la causa no existe”.

Muy por el contrario, Duhalde expresó que “los descargos presentados por el diputado no pueden modificar las imputaciones que se le efectuaron, por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre”. “No se trata de una persecución política, sino que la conducta de Olmedo viola principios constitucionales”, indicó el funcionario. Duhalde se manifestó “confiado” en que Herrera Piedrabuena, tras analizar las pruebas ofrecidas por la AFIP y las que agregó la querella, desestime los descargos de Olmedo y decrete su procesamiento, para impulsar el avance de la causa.

Informe: Gabriel Morini