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Esta semana, la editorial Perfil me entregó su Premio a la Libertad de Expresión, compartido con la ensayista Beatriz Sarlo. Asistieron a la ceremonia, entre otros, el jefe de gobierno porteño, Maurizio Macrì; el diputado nacional Francisco de Narváez; las senadoras María Eugenia Estenssoro y Norma Morandini; los periodistas Nelson Castro, Rosendo Fraga, Magdalena Ruiz Guiñazú, José Ricardo Eliaschev y Luis Majul. También estuvieron el científico Alberto Kornblith, el editor Daniel Divinsky y el creador de la Red Solidaria, Juan Carr, quienes recibieron un Premio a la Inteligencia. Estas son las palabras que pronuncié al retirar el mío:

Agradezco de corazón este reconocimiento de una editorial cuya idea del periodismo es antagónica a la mía. Esta disidencia no impidió que el CELS llevara una causa contra Noticias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos o defendiera ante la Justicia una asignación transparente de la publicidad oficial.

No debería sorprender. Ya Voltaire definió la libertad de expresión como un derecho de aquellos con quienes no estamos de acuerdo y la Corte Suprema de los Estados Unidos extendió su tutela a expresiones odiosas o repugnantes.

Evoco esta noche a mis compañeros de la Agencia Clandestina de Noticias ANCLA, creada por Rodolfo Walsh cuando la última dictadura suprimió junto a la libertad de expresión los derechos a la vida y a la libertad.

No me olvido de los periodistas detenidos sin orden judicial ni estado de sitio durante el primer gobierno de la democracia.

Recuerdo los proyectos para aumentar penas y crear nuevos delitos de opinión, los juicios contra periodistas y la sugerencia de aplicarnos la libertad del palo, del presidente que me querelló y me llamó terrorista de la pluma.

Tampoco olvido los asesinatos mafiosos de José Luis Cabezas y Adams Ledezma.

Es menos conocido que en diciembre de 2001 un gobierno moribundo intentó prohibir la televisación de las protestas masivas contra sus políticas y de la represión criminal que causó cuatro decenas de muertos.

Mi primera denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hace ahora veinte años, derivó en la derogación del desacato. Entonces comenzaron las querellas por calumnias e injurias. La causa de Eduardo Kimel, patrocinada por el CELS ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, condujo en 2010 a la despenalización de esos delitos en casos de interés público.

También fuimos fundadores de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que inspiró la ley audiovisual vigente, que afirma la diversidad de voces reclamada por la Unesco. El relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas la exaltó como modelo.

La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos. Por eso, en 2003 rechazamos un proyecto del presidente interino, que lo reducía a fuero privilegiado de nuestro gremio, aberración corregida por la actual presidente en 2010 al promulgar la ley de despenalización.

En el momento de mayor libertad conocida en nuestro país, los periodistas debemos acostumbrarnos a que otros practiquen ese derecho sobre nosotros, sin ofendernos ni hacernos los perseguidos. La libertad también se ejerce tolerando que otros hagan lo que a nosotros tanto nos gusta hacer.

Al informar sobre el acto, la edición electrónica del diario Perfil ignoró por completo mis palabras, y en su lugar publicó opiniones de algunos de los asistentes. El semanario Noticias, de la misma editorial las publicó con un avieso recorte: omitió mi referencia a Rodolfo Walsh y la supresión de los derechos a la libertad y a la vida durante la dictadura militar; la orden de censurar la televisación de la represión a las movilizaciones de diciembre de 2001; la caracterización de la libertad de expresión como un derecho de todos y no un fuero privilegiado de los periodistas y el rol de la actual presidente en la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público. Pese a dedicarle al tema la tapa y once páginas, con el exceso de once fotos mías, Noticias censuró en el reportaje que me realizó Silvio Santamarina las referencias que hice a la recuperación de la dignidad presidencial frente a los poderes fácticos, militares, eclesiásticos, económicos y mediáticos por parte de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El lector tampoco se enteró de que contrasté la despenalización, que en la Argentina permite la impunidad para cualquier crítica o incluso insulto a las autoridades, con las leyes y fallos judiciales restrictivos en países afines como Venezuela y Ecuador. Hubiera preferido menos premios y más respeto, hacia mí y hacia el público.