La primera crítica opositora a la eliminación de subsidios y la obligación de mineras y petroleras de ingresar los dólares que obtienen por sus ventas es que no se hubieran aplicado antes, lo cual mide su debilidad argumental. La segunda, que se trata de un ajuste o un tarifazo. Hasta ahora, esto no pasa de una expresión de deseos. El supuesto es que las medidas obedecen a una necesidad fiscal. El gobierno piensa, en cambio, que no se trata de ahorrar sino de mejorar la calidad del gasto. La clave sería “no quemar guita en quienes no la necesitan” e invertirla en obras que generen más empleo, multipliquen la demanda o sustituyan importaciones, den respuesta a problemas sociales y movilicen a la sociedad. Una hipótesis comprende una fuerte inversión en ferrocarriles. Otra, un vasto programa de acceso a la tierra y construcción de viviendas, en el que los municipios aportarían los terrenos y los gobiernos provinciales y nacional la red de servicios y el crédito para la construcción, que no se contrataría con empresas, sino a través de cooperativas o a cargo del propio beneficiario. A estos programas se aplicaría la creciente capacidad de gestión estatal, de la que se ofrecen como ejemplo la distribución de netbooks en todo el país realizada por la Anses, que ninguna empresa logística podría hacer en semejante volumen y tan bajo costo, y la capacidad de control mostrada por la AFIP y el Banco Central para detener la corrida contra el peso.